A finales de la semana pasada, la Comisión Europea pidió una multa de 46 millones de euros para España por la situación irregular de 17 aglomeraciones urbanas que carecían de un tratamiento adecuado de aguas residuales y, por lo tanto, incumplían la directiva comunitaria.
Sin embargo, como publicó EL ESPAÑOL, ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, que habían resuelto a tiempo sus problemas medioambientales con Europa instalando estaciones de depuración (EDAR) declararon su estupefacción ante la noticia, y sugirieron que debió existir un fallo de comunicación entre la Generalitat y la Comisión.
¿Qué sucedió realmente, por qué los municipios de Benicarló, Peñíscola y Teulada fueron incluidos en la lista negra? Este periódico se ha puesto en contacto con Manuel Aldeguer, Director General del Agua de la Comunidad Valenciana, para esclarecer el caso.
En 2011, cuando Europa amenazó a 37 núcleos urbanos españoles sin infraestructuras adecuadas de tratamiento de aguas residuales, la Comunidad Valenciana era de las que más tenía, seis: Alcocebre, Peñíscola, Vinaroz y Benicarló en Castellón; Teulada y Arenales en Alicante. "De esas, tres se resolvieron muy rápidamente y quedaron fuera de sanción", explica Aldeguer, "las otras tres se pusieron en servicio antes del 22 diciembre de 2015, que es la fecha que teníamos de plazo".
La EDAR de Gavà-Viladecans, en Barcelona.
¿Por qué aparecen entonces en la lista negra de la Comisión Europea?
La CE, entre los papeles que tenía pendientes para preparar la demanda incluía estas tres plantas. Sabíamos que la demanda a España estaba prevista, pero no si Europa, al redactar esa demanda -si es que está redactada- las ha incluido.
Entonces, cuando Europa anuncia una sanción a España, ¿lo hace sin tener los datos actualizados sobre la situación de esas depuradoras?
Al estado español lo van a sancionar sí o sí, pero lo razonable es que cuando redacten la demanda se disminuya el importe de 46 millones y que esa sanción coercitiva no se incluya.
En resumen, que habrá multa pero será menor.
Entendemos que la sanción correspondiente a las depuradoras de la Comunidad Valenciana no se va a producir, y ni siquiera vamos a aparecer en la redacción de la demanda que presente Europa. Y si la presenta, enseñaremos los certificados.
Ustedes llegaron al gobierno valenciano a finales de verano de 2015 y lograron cumplir con los plazos exigidos, ¿qué recomendaría a las otras comunidades, donde los problemas de depuración siguen sin resolverse?
Como las EDAR dependen de los recursos económicos, siempre hay problemas que surgen en la adquisición de terrenos o en los trámites, en la Comunidad Valenciana algunas se atascaron y la última, que fue Peñíscola, entró en servicio en noviembre de 2015. Pero en cuanto llegamos a esta casa, los funcionarios eran los mismos, son gente seria, y lo que hicimos fue impulsar que se agilizasen las obras, porque cuando tienes una depuradora en marcha, antes tienes que sembrar bacterias, desarrollarlas... cooperamos todo lo posible con el estado y con los municipios para acabar cuanto antes. En este tipo de cosas no puede haber color político, es un dinero que afecta a los contribuyentes de todo el estado español, nuestra obligación era seguir la misma línea que el gobierno anterior en asuntos de interés general como éstos.