A partir de 2028, será obligatorio que todos los perros y gatos tengan implantado un microchip, una medida que busca reforzar el control sobre las mascotas y combatir problemas como el abandono y el comercio ilegal de animales.
La nueva normativa, acordada por las instituciones europeas, establecerá unas reglas comunes para todos los países miembros.
Hasta ahora, cada país contaba con sus propias normas, pero con este reglamento se pretende que exista un sistema similar en toda la Unión Europea para garantizar una mejor protección de perros y gatos.
El microchip es un pequeño dispositivo que se coloca bajo la piel del animal, normalmente en la zona del cuello. Contiene un número único que permite identificar a la mascota y relacionarla con los datos de su propietario.
Se trata de un procedimiento rápido, seguro y prácticamente indoloro para el animal.
Uno de los principales objetivos de esta medida es facilitar la localización de mascotas perdidas o robadas.
Y es que gracias al microchip, veterinarios, protectoras y autoridades pueden identificar rápidamente al propietario y ayudar a que el animal regrese a su hogar.
Además, esta herramienta dificulta las actividades ilegales relacionadas con la venta y cría de mascotas.
La normativa también contempla la creación de bases de datos conectadas entre los diferentes países de la Unión Europea.
De esta manera, la información de un perro o un gato registrado podrá consultarse desde cualquier Estado miembro, mejorando el control y seguimiento de los animales que se desplazan entre países.
Los plazos para adaptarse a la nueva norma serán diferentes según cada caso. Los criadores, tiendas de animales y refugios tendrán varios años para cumplir con los requisitos.
Por su parte, los propietarios particulares dispondrán de más tiempo para realizar el trámite, con el fin de facilitar una transición gradual y evitar problemas a quienes ya tienen mascotas.
No obstante, en España, la adaptación será más sencilla porque la legislación nacional ya exige el uso del microchip en la mayoría de los casos.
El coste suele situarse entre los 30 y los 50 euros, incluyendo tanto la implantación como el registro de los datos.
