Destruir o retirar nidos de aves protegidas en edificios puede acarrear multas de hasta 200.000 euros, según la Ley 42/2007.
La norma protege a especies como golondrinas, vencejos y aviones comunes, y sanciona especialmente las acciones durante la temporada de cría.
Solo es posible retirar nidos con autorización administrativa y por motivos de seguridad o higiene, normalmente fuera del periodo reproductivo.
El SEPRONA vigila el cumplimiento de la ley y anima a denunciar cualquier daño a nidos protegidos, como ocurrió en un reciente caso en Burgos.
Las fachadas de muchos edificios españoles se convierten cada primavera en refugio para golondrinas, vencejos y aviones comunes. Lo que algunos vecinos consideran una molestia puede transformarse en un problema económico, porque destruir sus nidos está castigado por ley con sanciones muy elevadas.
La normativa que regula esta protección es la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Este texto legal considera infracción grave retirar, destruir o deteriorar nidos de aves silvestres protegidas, incluso cuando estén vacíos o fuera de la época de reproducción.
Las multas previstas oscilan entre los 3.001 y los 200.000 euros. Las sanciones más severas se aplican cuando la actuación ocurre durante la temporada de cría, especialmente desde mayo, o si dentro del nido existen huevos, polluelos o aves construyéndolo activamente.
La protección no afecta únicamente a las golondrinas. También incluye otras especies habituales en pueblos y ciudades, como los vencejos y los aviones comunes. La legislación española y europea protege tanto a las aves adultas como a sus nidos, huevos y crías.
Estas especies desempeñan una función clave en el equilibrio ambiental. Son aves insectívoras capaces de consumir grandes cantidades de mosquitos, moscas y otros insectos. Precisamente por ese papel beneficioso para los ecosistemas cuentan con una protección especial desde hace años.
Multas elevadas
Además, los expertos alertan de que sus poblaciones han disminuido notablemente. La transformación de edificios, la desaparición de construcciones tradicionales y el uso intensivo de insecticidas dificultan cada vez más que estas aves encuentren lugares adecuados para criar y alimentarse.
La Directiva Europea de Aves y el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial respaldan esta defensa legal. Por eso, aunque el nido se encuentre en una propiedad privada, el propietario no puede retirarlo libremente sin autorización administrativa previa.
Solo existen excepciones concretas relacionadas con motivos de seguridad o higiene. En esos casos, es obligatorio solicitar permiso a la consejería de medio ambiente correspondiente. Normalmente, las autorizaciones se conceden durante el invierno y siempre fuera del periodo reproductivo de las aves.
El SEPRONA de la Guardia Civil es el organismo encargado de vigilar este tipo de infracciones. También anima a la ciudadanía a denunciar cualquier actuación que pueda perjudicar a las aves protegidas o destruir sus espacios de nidificación en edificios y viviendas.
La cuestión ha ganado actualidad tras el caso investigado en Burgos, donde, según La Razón, un jubilado podría enfrentarse a importantes sanciones por la presunta destrucción de 16 nidos de golondrina común en un bloque residencial. El Juzgado de Instrucción de Lerma mantiene abiertas las diligencias del procedimiento.