El Ministerio de Ciencia invertirá 25 millones de euros para financiar contratos a 130 investigadores y potenciar la estabilidad laboral en el sistema científico español.
La convocatoria 'Consolidación Investigadora 2025' permitirá renovar laboratorios, adquirir equipamiento especializado y desarrollar proyectos propios en áreas estratégicas como innovación biomédica, tecnológica y ambiental.
El 75% de los beneficiarios trabajará en universidades públicas y privadas, y otro 22% en entidades del CSIC, con Cataluña recibiendo la mayor parte de los fondos.
El programa busca reducir la precariedad estructural en las carreras científicas, aumentar la atracción de talento internacional y mejorar la competitividad del sistema investigador español.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha decidido reforzar la estabilidad laboral dentro del sistema investigador español mediante una inversión cercana a los 25 millones de euros. La convocatoria Consolidación Investigadora 2025 financiará contratos para 130 científicos.
La resolución, publicada esta semana por la Agencia Estatal de Investigación, pretende incentivar la creación de plazas estables en universidades y centros científicos. El programa también contempla financiación destinada a renovar laboratorios, adquirir equipamiento especializado y desarrollar proyectos propios.
La ministra, Diana Morant, defendió que España atraviesa uno de los momentos más competitivos para desarrollar investigación avanzada. Estas ayudas buscan fortalecer áreas estratégicas vinculadas con la innovación biomédica, tecnológica y ambiental, además de consolidar talento internacional.
Los datos difundidos por el ministerio muestran una distribución territorial desigual aunque ampliamente extendida. Cataluña concentrará la mayor parte de los fondos, con más de siete millones asignados y para 38 investigadores en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Universidades públicas y privadas
El 75% de los beneficiarios desarrollará su actividad dentro de universidades públicas y privadas. Otro 22% trabajará en entidades pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), mientras el resto continuará investigaciones en organismos.
Entre los proyectos seleccionados aparece OCU-SCALE, impulsado desde el Instituto de Óptica del CSIC. La iniciativa estudia nuevas fórmulas para detectar precozmente el queratocono, una enfermedad ocular progresiva relacionada con numerosos trasplantes corneales y especialmente frecuente entre pacientes jóvenes.
La convocatoria persigue además reducir la precariedad estructural que durante años ha condicionado las trayectorias científicas españolas.
Muchos investigadores encadenaban contratos temporales, estancias internacionales y procesos competitivos continuos antes de acceder a posiciones estables capaces de garantizar financiación sostenida.
Las ayudas también buscan aumentar la capacidad de atracción internacional del sistema científico nacional.
El ministerio considera prioritario competir con otros países europeos ofreciendo carreras previsibles, recursos suficientes y posibilidades reales de dirigir equipos propios desde etapas tempranas investigadoras.
El anuncio llega en un momento especialmente sensible para la ciencia española, marcado por debates sobre financiación, reposición generacional y fuga de talento.
Diferentes asociaciones científicas llevan años reclamando mecanismos estables que permitan planificar carreras investigadoras sin depender de convocatorias. En paralelo, el Gobierno mantiene otras líneas estratégicas destinadas a reforzar la investigación nacional.
Esta misma semana, el ministerio anunció nuevas inversiones para centros Severo Ochoa y unidades María de Maeztu, consideradas estructuras fundamentales para incrementar la competitividad española.
La estabilización temprana mejora la productividad científica y favorece investigaciones más ambiciosas. Disponer de equipos permanentes facilita desarrollar proyectos prolongados, acceder a colaboraciones internacionales y competir posteriormente por financiación europea a escala.
Aunque las cifras presentadas por el ministerio reflejan un incremento inversor sostenido, parte de la comunidad investigadora reclama medidas adicionales. Entre las principales demandas aparecen mayores salarios iniciales, convocatorias más ágiles y mecanismos transparentes capaces de reducir incertidumbres administrativas.
Con esta convocatoria, el Gobierno intenta consolidar un mensaje político repetido durante los últimos años: convertir la investigación en una prioridad estratégica. El reto pendiente será comprobar si estas inversiones consiguen transformar carreras marcadas históricamente por temporalidad y incertidumbre.