España obliga a los científicos a publicar en acceso abierto cualquier investigación financiada con fondos públicos para no perder futuras financiaciones.
Desde 2026, las agencias evaluadoras exigen que los artículos y datos de investigación estén disponibles en repositorios accesibles desde el momento de la publicación.
El incumplimiento de estas normas supone penalizaciones en la evaluación de los investigadores y las instituciones, poniendo en riesgo el acceso a nuevos fondos.
La apertura de datos y resultados solo admite excepciones por confidencialidad, seguridad o propiedad intelectual, alineando a España con las políticas europeas de ciencia abierta.
España ha dado un paso hacia la ciencia abierta al convertir en obligatoria la publicación en acceso abierto de cualquier investigación financiada con fondos públicos, un cambio que deja atrás las recomendaciones y activa consecuencias reales para quienes incumplan.
La medida no nace de una norma reciente, sino de la reforma introducida por la Ley 17/2022 en la legislación científica, cuyo artículo 37 ya establecía obligaciones muy claras que ahora se aplican con un control mucho más estricto. Lo que ha cambiado realmente es la vigilancia.
Durante años, muchos investigadores sorteaban los requisitos sin consecuencias, pero la implementación plena de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023-2027 ha endurecido los mecanismos y eliminado cualquier margen de interpretación laxa.
Desde este 2026, las agencias evaluadoras, incluida la Agencia Estatal de Investigación, aplican la normativa sin excepciones, obligando a que todos los resultados derivados de financiación pública estén disponibles para la comunidad científica y la sociedad de manera inmediata.
Una medida con consecuencias
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación total de los embargos. Los investigadores deben depositar la versión final aceptada de sus artículos en repositorios institucionales o temáticos exactamente en el momento de su publicación oficial.
Esta exigencia se mantiene independientemente del modelo editorial elegido. Publicar en revistas de suscripción o en acceso abierto mediante el pago de APCs no exime del depósito obligatorio en repositorios accesibles para cualquier usuario interesado.
Pero la obligación va más allá del artículo científico. También se exige la apertura de los datos de investigación, incluyendo códigos, bases de datos y metodologías, siguiendo los principios FAIR para garantizar que sean reutilizables y verificables por otros científicos.
Solo quedan excluidos aquellos casos en los que existan razones justificadas de confidencialidad, seguridad o propiedad intelectual. En todos los demás supuestos, la transparencia deja de ser una opción y pasa a convertirse en un requisito estructural del sistema científico.
El incumplimiento de estas normas tiene consecuencias directas y medibles. La más inmediata es la penalización en la evaluación del currículum del investigador, un factor decisivo en la obtención de nuevos proyectos competitivos en convocatorias nacionales y europeas.
Las publicaciones que no estén disponibles en acceso abierto simplemente dejan de ser evaluables. En un entorno altamente competitivo, esta pérdida de puntuación puede significar quedarse fuera de futuras convocatorias y ver comprometida la continuidad de líneas de investigación.
El impacto también alcanza a las instituciones. Universidades y centros de investigación ven condicionado su acceso a financiación pública en función de su grado de cumplimiento con las políticas de acceso abierto y difusión del conocimiento generado.
Además, en las auditorías finales de los proyectos, la falta de publicación en abierto puede considerarse un incumplimiento de las bases de la convocatoria, lo que abre la puerta a requerimientos de subsanación o incluso a la devolución parcial de fondos.
Con este giro, España se alinea con las políticas europeas de ciencia abierta, consolidando un modelo en el que el conocimiento financiado con dinero público debe revertir directamente en la sociedad, sin barreras de acceso ni restricciones injustificadas.