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Noruega ha decidido aplazar la concesión de licencias para la minería del fondo marino en el Ártico hasta al menos finales de 2029, tras presiones ecologistas y políticas.
El país recortará la financiación pública destinada al mapeo mineral y detiene sus planes en una industria aún sin operaciones comerciales.
Científicos y organizaciones advierten de los graves riesgos ambientales, ya que el 99% del fondo marino ártico no ha sido suficientemente estudiado.
Más de 30 países y grandes empresas tecnológicas han pedido una moratoria global y se niegan a usar minerales extraídos del fondo marino por ahora.
Noruega ha decidido poner freno temporal a uno de los proyectos más controvertidos de los últimos años: la explotación minera del fondo marino en el Ártico. El Gobierno ha descartado conceder licencias hasta, al menos, finales de 2029.
La medida llega tras meses de presión por parte de organizaciones ecologistas, científicos y actores internacionales. También responde a intensas negociaciones políticas internas, donde partidos verdes condicionaron su apoyo presupuestario a paralizar los permisos previstos para 2025.
Este giro supone un cambio notable en la postura del país nórdico, que hasta ahora se situaba como uno de los principales impulsores de esta industria emergente. Además, se ha anunciado el recorte de financiación pública destinada al mapeo mineral.
La decisión representa un nuevo revés para una industria que aún no ha comenzado a operar comercialmente y que ya acumula retrasos. Ejemplo de ello es el aplazamiento de proyectos similares en regiones como las Islas Cook.
En paralelo, organizaciones como WWF han llevado el caso a los tribunales. Argumentan que los estudios de impacto ambiental utilizados por el Gobierno carecen de datos suficientes para evaluar los efectos sobre los ecosistemas marinos profundos.
Nódulos minerales
De hecho, expertos advierten de que el 99% del fondo marino del Ártico sigue sin estar estudiado desde el punto de vista ambiental. Esta enorme laguna de conocimiento genera inquietud entre la comunidad científica internacional.
El interés por estos fondos no es casual. Bajo el lecho marino se encuentran nódulos polimetálicos ricos en minerales clave como níquel, cobre, cobalto o manganeso, esenciales para baterías y tecnologías vinculadas a la transición energética.
Sin embargo, los riesgos ambientales son considerables. La minería submarina podría destruir hábitats únicos, generar contaminación acústica y liberar sedimentos tóxicos capaces de extenderse cientos de kilómetros afectando a múltiples especies.
Las profundidades oceánicas albergan una biodiversidad extraordinaria, con organismos adaptados a condiciones extremas. Muchos de ellos dependen directamente de los nódulos minerales, cuya regeneración puede tardar millones de años.
Pese a las críticas, la industria defiende que esta actividad podría ser más sostenible que la minería terrestre. Argumenta que reduciría emisiones, evitaría desplazamientos humanos y disminuiría el uso de agua dulce.
No obstante, estas promesas no convencen a científicos ni ecologistas, que insisten en la falta de evidencia sólida. Reclaman al menos una década adicional de investigación antes de permitir cualquier explotación en estas regiones.
El debate ha trascendido fronteras. Más de 30 países han pedido una moratoria global, mientras empresas tecnológicas y automovilísticas se han comprometido a no utilizar minerales procedentes del fondo marino por ahora.
Aunque Noruega insiste en que se trata solo de un aplazamiento, la decisión abre un periodo de incertidumbre. El equilibrio entre la necesidad de recursos y la protección de los océanos sigue siendo uno de los grandes desafíos globales.