La Consejería de Sanidad eliminará el plazo obligatorio de espera de 24 horas para poder trasladar un cadáver, al tiempo que evitará que los nuevos crematorios se levanten a menos de 200 metros de los núcleos de población y espacios vulnerables. Además, rebajará la distancia de 15 metros exigida ahora entre cementerios y edificios residenciales en municipios de menos de 5.000 habitantes. Así lo fija el borrador de la norma conocida por Ical, que modificará el Decreto por el que se regula la Policía Sanitaria Mortuoria en Castilla y León, que data de 2005, y que está previsto que salga a consulta en diciembre. El objetivo es que pueda ver la luz el próximo verano, según recoge ICAL.

La decisión de eliminar el plazo de 24 horas para proceder a la conducción ordinaria o al traslado de un cadáver busca agilizar los tiempos en unos momentos muy difíciles para las familias que desean que el cuerpo sea enterrado fuera del territorio autonómico. De hecho, durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19 se eliminó de manera transitoria, ante el elevado número de muertes.

También, con esta supresión Sanidad pretende dar respuesta a las demandas de las funerarias, toda vez que autonomías como Madrid ya lo han quitado, según explicaron a Ical fuentes de este departamento.

La medida sigue los pasos de la ‘Guía de Consenso en Sanidad Mortuoria’, evaluada por todas las comunidades autónomas en el marco de la ponencia de Sanidad Exterior-sanidad mortuoria, y aprobado por la Comisión de Salud Pública hace tres años. Marca que el traslado podrá realizarse una vez emitido el certificado de defunción y la licencia de sepultura, y debe llevarse a cabo en féretro y en vehículo de transporte funerario debidamente acondicionado, salvo en caso de catástrofes, graves situaciones epidemiológicas o en aquellos supuestos en los cuales la autoridad sanitaria lo autorice mediante resolución expresa.

Figura del tanatopractor

Por último, se recogen las demandas del sector, y la norma reconocerá la figura del tanatopractor, de modo que estos profesionales, con título acreditado, podrán realizar las prácticas de conservación transitoria y embalsamamientos, que hasta la fecha sólo pude hacer un médico. Con este paso, se avanza en la pofesionalización del sector en la Comunidad, algo que también está regulado ya en autonomías como Andalucía, La Rioja y Galicia, entre otras.