La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de publicar en la revista OCU Salud de Octubre un estudio propio sobre la tramitación de las Instrucciones Previas o testamento vital, un procedimiento gestionado por las autonomías que recoge el derecho del paciente a decidir sobre los cuidados sanitarios y espirituales al final de su vida, el destino de sus restos mortales o si quiere donarlos, de manera que pueda ser consultado por los médicos y los familiares si el titular no pudiera expresarlo. Lamentablemente, OCU ha observado todo tipo de dificultades, tanto en la forma como, sobre todo, en los plazos.

A la hora de formalizar el documento frente al personal asignado por la administración (otra opción es hacerlo ante notario o ante tres testigos), para lo cual había que disponer de una cita previa, seis autonomías sobrepasaron el plazo de un mes fijado en el estudio: Andalucía (40 días), Madrid (41 días), Baleares (45 días), Canarias (48 días), Cantabria (60 días) y País Vasco (donde al término del estudio aún no había cita).

Solicitud de testigos

Otro obstáculo fue la solicitud de testigos o de representantes para la formalización del documento, que no contempla la ley cuando las Instrucciones Previas se hacen ante el personal asignado administrativo, pero que se exigió en Aragón, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Navarra.

El último paso, por el que la Consejería de Sanidad inscribe el documento en el Registro Autonómico de Instrucciones Previas, superó el plazo máximo de una semana estipulado por la ley para sincronizarlo con el Registro Nacional en siete de las once autonomías que habían cumplido con el plazo de tramitación anterior: Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Navarra.

En definitiva, OCU denuncia que solo en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Murcia se pudieron formalizar las Instrucciones Previas en el plazo de un mes; aunque en el caso de Castilla y León la gestión on line de las Instrucciones Previas es "confusa y complicada". Y exige al resto de comunidades autónomas que "agilicen el procedimiento y respeten los plazos establecidos por la ley. Hablamos de un derecho sanitario básico de los usuarios que facilita la toma de decisiones difíciles a los facultativos y familiares cuando la persona no puede comunicar su voluntad por sí misma".