El portavoz socialista de Educación del Grupo Socialista en las Cortes y procurador por el PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, ha acusado a la Junta de no estar priorizando la educación rural y ha exigido una rectificación porque “la educación rural no puede organizarse con parámetros de ahorro económico.”

En su intervención ante el Pleno de las Cortes, Pablos demandó al gobierno autonómico priorizar la educación rural “con decisiones y no con palabrería” porque, subrayó, “sin servicios públicos de calidad es imposible fijar población en nuestros pueblos.”

La Junta no está priorizando la educación rural cuando mantiene comarcas enteras, como la Sierra de Francia o la comarca de Ledesma, sin estudios de Bachillerato y FP, ni cuando disminuye incomprensiblemente profesorado en los centros rurales como ha ocurrido en el colegio de La Alberca donde el curso pasado había 12 profesores para 65 estudiantes y este curso, que hay un estudiante más, hay un docente menos  ignorando las solicitudes del AMPA y el Ayuntamiento para que no disminuyera el profesorado porque, además, se incorporarán al menos 30 niños y niñas en los próximos 3 cursos, ha argumentado el procurador salmantino.

“Tampoco la prioriza cuando suprimen unidades escolares en colegios rurales como han hecho en Villavieja, ni cuando ignoran acuerdos de la mayoría de los grupos de estas Cortes”, añadió el portavoz socialista tras manifestar que, quince meses después de la firma del Pacto de Reconstrucción, aún no se sabe nada de la creación de Centros Integrados de FP en el medio rural, ni hay referencia alguna a su ubicación en el nuevo plan de Formación Profesional.

Ante el inicio del nuevo curso escolar, Pablos ha reiterado el respaldo de los socialistas a la comunidad educativa “con la que la Junta está en deuda”, ha dicho.

“La Junta está en deuda con las familias por incumplir el acuerdo plenario para crear programas específicos de conciliación en junio y septiembre con motivo de la jornada reducida, y con el profesorado, al que prometió la jornada de 35 horas a partir del 1 de septiembre de 2019”, concluyó Pablos, recriminando al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a la consejera de Educación, “no tener palabra”.