La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló la resolución del ITACyL por la que establecía los criterios básicos de constitución, funcionamiento y gestión de las bolsas de empleo para la contratación de personal laboral de carácter temporal, dictaminando así a favor de la demanda presentada por UGT.

Todo comenzó con la presentación de una "demanda de tutela de libertad sindical" por la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla y León contra el Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL), por entender que "se había vulnerado el derecho a la representación sindical" al hacerse pública, en la página web del ITACyL, una resolución donde se establecían los criterios básicos de constitución, funcionamiento y gestión de las bolsas de empleo para la contratación de personal laboral de carácter temporal que "no había sido negociada previamente" con el sindicato.

UGT denunciaba así que no se había respetado el artículo 37.1 c del Estatuto Básico del Empleado Público por el que "los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo", tal y como explica el sindicato en un comunicado remitido a Ical.

Aunque el mismo artículo explicita que quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación las materias que afecten a la potestad de la organización, estas deberán ser incluidas si tienen "repercusión sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos", motivo por el que el TSJCyL ha fallado a favor del sindicato al considerar que el ITACyL, con la convocatoria de las bolsas de empleo, "está haciendo algo más y distinto que un mero ejercicio de las potestades organizativas del Instituto".

Es por ello que, según la sentencia, el ITACyL ha incurrido en "un delito contra la libertad sindical", lo que se considera una falta grave, por lo que ha ordenado la nulidad de la convocatoria y una indemnización compensatoria a la delegación sindical afectada de 626 euros por el daño moral infligido, sentencia que desde el Instituto no se ha recurrido, según el comunicado difundido por UGT.

Desde la sección sindical de UGT en el ITACyL denunciaron que en dicho Instituto "no existe una Relación de Puestos de Trabajo, instrumento fundamental para poder plantear cualquier actuación como la propia regulación de las bolsas de empleo". También señalan desde FeSP-UGT que "tampoco existe ningún tipo de posibilidad de promoción ni se dispone de un convenio colectivo", entre otras carencias, que según el sindicato "ponen de manifiesto el incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público" por parte del ITACyL.