Durante 2020, los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 56 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 212 personas físicas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 67 sentencias en todo el territorio nacional.

En España, durante el pasado año se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 212 personas físicas--49 de ellas personas jurídicas--, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos, concluyeron un total de 56 procedimientos por corrupción--ninguno de ellos en Castilla y León--y los órganos judiciales dictaron 67 sentencias en todo el territorio nacional.

Los jueces y juezas de Castilla y León abrieron juicio oral en 2020 o procesaron por delitos de corrupción a un total de 19 personas, todas ellas en el segundo trimestre del referido ejercicio, según el repositorio del Consejo General del Poder Judicial.

El repositorio, que fue presentado en enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (acusados y/o procesados, procedimientos, sentencias dictadas, sentido del fallo, etc.), que se actualizan cada tres meses.

La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).

Dos de cada tres sentencias de 2020 fueron condenatorias

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 67 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 46 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 68,65 por ciento de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 21 sentencias restantes, el 31,34 por ciento del total, eran absolutorias.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).