La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha calificado de "ilegal" la nueva propuesta de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León de reducir a la mitad la financiación destinada al Servicio Regional de Relaciones Laborales y eliminar la figura del director general de la Fundación.

Una valoración que cuadra con la ya realizada por los sindicatos ayer tras conocer que la Junta pretende, además, limitar su actividad a los conflictos colectivos; y que el Serla no se haga cargo de los conflictos individuales en las diferentes provincias de Castilla y León. Estos apuntaban a que el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, está tratando de "secuestrar" el Serla; y con ello "incumplir la sentencia del Tribunal Supremo".

La propia Virginia Barcones aseguraba que "es público y notorio" que la propuesta de la Junta respecto al Serla es ilegal; y cree que se ve claro en "su marcha atrás" de ayer mismo. La delegada del Gobierno en Castilla y León cree que la polémica con respecto a este servicio del diálogo social es "absolutamente anormal en un Estado de derecho, estamos viviendo situaciones completamente esperpénticas". Además, recordaba que esta comunidad autónoma no es la primera vez infringe la normativa vigente, y lo hace de forma continuada". 

Para Barcones el origen del problema está únicamente en la actitud de la Junta de Castilla y León, la cual cree que está generando conflictividad con sindicatos y empresas; y que, además, "se está saltando la ley, que es clara al decir que se tiene que garantizar la mediación laboral a través de un organismo autónomo". Por ello, insta a la Junta de Castilla y León a seguir dando marcha atrás en sus intenciones y recuperar el Serla en sus condiciones anteriores. "Tendrán que acabar de rectificar del todo lo que pasa que me imagino que a veces la soberbia no es buena consejera", apuntaba.

De hecho, pedía directamente al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco que "de una vez por todas ponga en orden a un gobierno que nos hace sonrojarnos a todos los castellanos y leoneses día tras día"; y tachaba de movimientos "infantiles" las propuestas de la Junta de Castilla y León. 

Barcones finalizaba recordando que el Gobierno de España tenía razón en su requerimiento prejudicial sobre la recuperación del Serla, donde ha defendido que el ejecutivo de Pedro Sánchez actúa en defensa de la legalidad vigente de los trabajadores y empresarios de Castilla y León. "Tenía razón en algo tan sencillo como cumplir las normas, una obligación de todos los ciudadanos y por supuesto de los poderes públicos", añadía.