El presidente de CSIF, Miguel Borrá, ha anunciado que su formación se encuentra inmersa en reuniones con distintos grupos parlamentarios para exigirles "un pacto para salvar la sanidad" en nuestro país. Borrá cree que los problemas en la atención primaria es extensiva de toda España por la falta de recursos humanos, facultativos, y personal de enfermería, en absolutamente de todas las categorías".

Miguel Borrá ha puesto el acento especialmente en todos los profesionales sanitarios que dediquen irse al extranjero en busca de mejores condiciones laborales. "El equivalente a dos promociones enteras de todas las facultades de España está trabajando en el extranjero", apuntaba. 

Algo que cree que debería de hacer reflexionar a los representantes públicos en las administraciones sobre "por qué nuestros médicos tienen tantas dificultades para acceder a contratos estables, pero no solamente el personal médico, el personal de enfermería, técnicos en cuidados de asistentes de enfermería, etcétera". El presidente de CSIF cree que se está "precarizando el empleo público" y ese es el motivo de la marcha de muchos de estos profesionales.

Por ello, CSIF reclamará un pacto de estado como "primer paso". Miguel Borrá cree que "no solamente se trata de incrementar el número de plazas" en las universidades, sino también de mejorar la formación necesaria para los residentes y "mejorar la oferta de servicios" para los profesionales sanitarios puedan elegir su camino profesional.

Una primera avance para desatascar "el cuello de botella, porque Borrá cree que "muchas veces los políticos tienen una visión cortoplacista y solo piensan en su ciclo electoral, olvidándose de que a veces es necesario poner los cimientos para solucionar los problemas a largo plazo". El presidente de CSIF cree de vital importancia que se comprenda que "solucionar la falta de recursos humanos en la sanidad requiere un esfuerzo conjunto y una visión a largo plazo".

Reunión con el consejero de Sanidad

Por su parte, el presidente autonómico CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha anunciado que su sindicato se reunirá el próximo 15 de febrero con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Un encuentro del que espera que sea una reunión "productiva" y el inicio de "una negociación seria y realista" para mejorar la sanidad pública en Castilla y León.

CSIF tiene como objetivo de esta reunión "discutir planteamientos serios y de futuro" para la sanidad pública de la Comunidad. Castro solicita que "se deje de lado la política y las ocurrencias" para centrarse en mejorar la atención médica en los 2.446 municipios de la Comunidad, que suponen "una población envejecida" y luchan contra la despoblación. Además, mencionaba la importancia de tener en cuenta las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, especialmente en el caso de las mujeres, que conforman la mayoría de las categorías sanitarias.

Castro también destacó la necesidad de considerar las particularidades de los puestos en las zonas ultraperiféricas y en otros ámbitos, como los servicios sociales; y se sumaba a la importancia de este pacto de estado para abordar la falta de médicos, pero destacaba que es necesario hacer algo en Castilla y León, donde la Junta "tiene las competencias para hacerlo".

Unas declaraciones de ambos líderes han realizado durante la inauguración de la nueva sede de CSIF en Zamora, ubicada en el número 12 de la avenida Portugal, justo enfrente de La Marina. Aquí, la presidenta de CSIF Zamora, Rosa Herrero, agradeció la presencia de los asistentes y presentó las nuevas instalaciones como un espacio creado para brindar un mejor servicio a los trabajadores de empresas públicas y privadas en la zona.

Niveles "mucho más bajos que en Francia"

Miguel Borra también señalaba que el problema en los servicios públicos en España es una realidad que "no se limita" solamente a la sanidad. Ha recalcado que en los últimos diez años, la Seguridad Social ha perdido 10.000 empleados y que dos tercios de la plantilla están próximos a la jubilación, lo cual está generando dificultades para los ciudadanos a la hora de acceder a las prestaciones de la Seguridad Social.

Además, menciona que la Inspección de Trabajo y "las largas listas de espera" para renovar el DNI son otros ejemplos de "la situación crítica" que viven los servicios públicos en el país. Considera que este acuerdo entre CCOO y UGT con el Gobierno español ha empeorado la situación, ya que cuando termine en diciembre de 2024, los empleados públicos habrán perdido un diez por ciento más de sus salarios, "lo cual significa haber perdido prácticamente un tercio de su poder adquisitivo en los últimos años", según apuntaba.

Por ello, Borrá instó a los políticos a que tomen conciencia de la importancia de tener servicios públicos "adecuados para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y que todos los empleados públicos tienen derecho a tener un salario digno".

Finalmente comparó el nivel de empleo público en España con el de la OCDE, "podemos ver que España se encuentra en niveles mucho más bajos que Francia". Concluye que a menudo, "los políticos han llenado las administraciones públicas de personal temporal contratado sin selección, lo cual no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades en Educación, Sanidad y la Administración General del Estado".