Ecologistas en Acción de Zamora ha instado a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León que emita un informe sobre el valor patrimonial del poblado de la presa de Castro, que la empresa propietaria del mismo tiene previsto demoler y en la que se manifiestan en contra de dicha decisión.

Para Ecologistas en Acción "no se justifica la demolición de un patrimonio que en todo caso podría ser restaurado para distintos usos, al estar situado en una zona de indudable valor paisajístico y ambiental como el Parque Natural de Arribes del Duero". Por otra parte, el poblado, junto con las presas y demás edificaciones construidas en los años 50, constituye un patrimonio industrial que forma parte del sistema Saltos del Duero, una obra de ingeniería hidroeléctrica que incluye a otras infraestructuras como las de Villalcampo, Ricobayo y Almendra, en la provincia de Zamora, y las de Aldeadávila y Saucelle en Salamanca. Este abundante patrimonio, que se completa con el existente al otro lado de la frontera, en Portugal, "no solo posee una gran importancia desde un punto de vista energético, sino también cultural, y merece contar con algún tipo de protección en este sentido", según han indicado desde la confederación.

Por esta razón, tal como se ha expresado en el seno de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, donde EEA participa en representación de las organizaciones en defensa del medio ambiente, la asociación ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León "un estudio e informe correspondiente sobre el valor patrimonial de este poblado de Castro, teniendo en cuenta que podría peligrar su integridad. Igualmente, este informe podría hacerse extensivo a las otras infraestructuras del sistema Saltos del Duero".

Según EEA, de la información facilitada a la comisión territorial "no se deduce la necesidad de dicha demolición, ni tampoco en qué consisten las actuaciones previstas en el poblado edificado a mediados del siglo pasado para alojar a los trabajadores que construían la central hidroeléctrica sobre el río Duero." Además, considera que "la situación de emergencia climática y la actual escasez de energía no es propicia para la demolición de infraestructuras ya construidas, que siempre pueden ser rehabilitadas, tal como aconseja la propia Ley de Urbanismo de Castilla y León".