El Consejo de Ministros acordó hoy declarar a Castilla y León como zona afectada gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC), junto a otras seis comunidades -Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Murcia- por los incendios forestales que tuvieron lugar, en su mayoría provocados por la ola de calor. Esta medida conlleva ayudas para paliar los daños y recuperar las zonas afectadas, según recoge Ical.

En un comunicado, el Gobierno explica que estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades afectadas se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

En concreto, la declaración fue aprobada para los incendios de Riofrío de Aliste (Zamora), que afectó a la Sierra de la Culebra, y Ayoó de Vidriales (Zamora), así como para los de Sierra Bermeja (Málaga), Tafalla (Navarra), Artesa de Segre (Lleida), Nonaspe (Zaragoza), Castellar de la Ribera (Lleida), Caudiel (Castellón de la Llana), Mazarrón (Murcia), Legarda (Navarra), Arguedas (Navarra), Barbastro (Huesca), Castejón de Tornos (Teruel) y San Martin de Unx (Navarra).

Estos incendios afectaron a una superficie de unas 52.000 hectáreas (de las que 31.000 se concentran en la provincia de Zamora) y requirieron la movilización de más de 1.800 efectivos y 612 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como 24 aviones anfibios y tres helicópteros de extinción, 14 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales y cuatro aviones de coordinación.

Además del daño medioambiental, el Gobierno señaló que estos incendios han requerido la evacuación preventiva de casi 4.000 personas y provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien en este momento no han podido ser plenamente cuantificados.

Ayudas directas

Las medidas de recuperación previstas en este acuerdo, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente con 18.000 euros; por destrucción o daños en enseres de primera necesidad, con un límite de 2.580 euros; por destrucción total de la vivienda habitual, con un máximo de 15.120 euros; por daños a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50% de los daños, con un máximo de 10.320 euros, y por otros daños en la vivienda habitual, con un máximo de 5.160 euros.

También contempla ayudas por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios, con un máximo de 9.224 euros; a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes, para el importe total de los gastos; a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos, con hasta 9.224 euros, y a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, con entre el 50 y el 100 pro 100, según los casos.

El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

Otras medidas

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros prevé la adopción de otras medidas de ayuda, condicionadas a lo que establezcan las órdenes ministeriales dictadas por cada uno de los diferentes departamentos competentes.

Así, los beneficios fiscales corresponden al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que concretará la exención en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y la reducción en la cuota del impuesto sobre actividades económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es habitual estarán exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) las ayudas por daños personales.

Las medidas laborales y de Seguridad Social son competencia de los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que podrán desarrollar bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social. Además, el Ministerio de Política Territorial concederá ayudas, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Finalmente, los restantes ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras, para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.