La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, sigue resolviendo las ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento con el objetivo de que se vayan abonando dichas subvenciones progresivamente según se vayan resolviendo y contribuyan a paliar desequilibrios económicos. Hasta la fecha 344 empresas zamoranas recibirán un total de 5.025.370,22 euros, concretamente en las últimas resoluciones sobre las peticiones, otros 50 autónomos o empresas de Zamora también  tendrán en los próximos días unas subvenciones globales de 349.175,08€.

Estas ayudas han sido financiadas por el Gobierno de España y se han concedido de acuerdo con las condiciones establecidas mediante el Decreto-ley 5/2021. La Junta de Castilla y León ha utilizado todo el margen que dicho decreto-ley concedía para suavizar, en lo posible, algunas de las condiciones más restrictivas, que impedían el acceso a las ayudas a muchos autónomos y empresas de la Comunidad Autónoma. Así, mediante sucesivas modificaciones de la convocatoria, se ampliaron los sectores de actividad subvencionables, pasando de los originalmente previstos por el Estado (solo 95 sectores) a incluir prácticamente todos los sectores de actividad empresarial de la región (salvo banca y seguros). De esta manera, por ejemplo, tanto los agricultores como los industriales del sector de la alimentación en Castilla y León – dos sectores críticos en la Comunidad y en la provincia de Zamora – que cumplan el resto de requisitos pueden recibir ayudas, lo que no estaba previsto en el texto del Decreto-ley del Estado.

La cuantía de la ayuda coincide con el importe de la deuda y los costes fijos incurridos devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, con límites diferentes, según el régimen tributario de cada autónomo o sociedad. Para los autónomos que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF, el límite de ayuda fue de 3.000 euros; para el resto de autónomos y sociedades mercantiles, cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Agencia Tributaria haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, el importe no podía ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

Finalmente, destacar que la Junta de Castilla y León gestionó un procedimiento más ágil y simplificado para la tramitación de las ayudas, con una menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando siempre que fuera posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa aunque seguía siendo obligatoria la tramitación electrónica.