Irene Carvajal (Vox), Jesús Julio Carnero (PP) y Francisco Blanco (PP) en la sesión ordinaria del pasado mes de octubre del pleno del Ayuntamiento de Valladolid
El Ayuntamiento de Valladolid comienza la vía judicial contra Adif y la resolución del convenio de integración
Carnero trata de evitar indemnizaciones millonarias recurriendo a la justicia. Votos favorables de PP y Vox, el rechazo del PSOE y la abstención de Valladolid Toma La Palabra.
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El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá en los tribunales la resolución del convenio de integración ferroviaria acordada por Adif. Así se decidió en el último Pleno municipal de 2025.
De esta manera se da luz verde al inicio de acciones judiciales contra la resolución del convenio de integración ferroviaria acordada por Adif hace unas semanas, una decisión que salió adelante con los votos favorables de PP y Vox, el rechazo del PSOE y la abstención de Valladolid Toma La Palabra.
El equipo de Gobierno recurrirá a los tribunales con el objetivo de frenar la liquidación de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y evitar las posibles consecuencias económicas negativas que esta medida podría acarrear para las arcas municipales.
La pretensión del Ejecutivo local es que un juez reconozca que el Ayuntamiento no ha incumplido las obligaciones y compromisos asumidos en el convenio y que, por tanto, no está obligado a indemnizar por daños y perjuicios.
La decisión se sustenta en un informe jurídico que considera “perjudicial” para el Consistorio la resolución del convenio, especialmente por la posible exigencia de indemnizaciones.
Este informe analiza la declaración de resolución firmada el pasado 9 de diciembre de 2025 por el presidente de Adif y Adif-Alta Velocidad, en la que se advierte de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios previstos en las cláusulas séptima y octava del convenio suscrito el 20 de noviembre de 2017.
Durante el debate plenario, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, criticó el trato “singularizado” que, a su juicio, mantiene el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con Valladolid, insinuando que responde a una animadversión personal tras la salida de Óscar Puente de la Alcaldía.
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista presentó una enmienda, que fue rechazada por PP y Vox, para que el Ayuntamiento reconociera extrajudicialmente la deuda de 11 millones de euros correspondiente a la aportación no realizada a la SVAV en 2024.
El portavoz socialista, Pedro Herrero, defendió que este reconocimiento podría ayudar a “reconducir la situación” si el alcalde retomara el diálogo con Valladolid Alta Velocidad y aceptara, además, la aprobación de las obras de los pasos en el entorno de Ariza.
La aprobación del inicio de las acciones judiciales abre así un nuevo capítulo en el conflicto institucional sobre la integración ferroviaria en la ciudad, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno municipal y la oposición sobre la estrategia a seguir.
