La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral que se va a celebrar el próximo 8 de junio en la Audiencia de Valladolid contra 6 personas que pertenecía a una banda que obligaba a prostitutas a vender droga a sus clientes. Pide para ellos una pena, en suma, que alcanza los 37 años y 9 meses de prisión.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, asegura que D.G.E., el que se considera como cabecilla de la banda, venía suministrando a diversas prostitutas de Valladolid sustancias estupefacientes, bien para consumo propio o para la distribución entre sus clientes.

En fechas cercanas al día 9 de diciembre de 2022, D.G.E. proporcionó a una de ellas sustancias estupefacientes para la venta a sus posibles clientes. Seis envoltorios que contenían un total de 5,18 gramos con una riqueza del 21,42%.

Al ver que la mujer no vende esa sustancia, a partir del 20 de diciembre de 2022, D.G.E. exige su devolución, tanto por vía telefónica, como mediante mensajes escritos de voz al teléfono móvil. A partir de ahí, esta exigencia subió de tono con graves amenazas.

El escrito de acusación asegura que D.G.E. viene dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes desde el pasado mes de diciembre de 2021. Cuando no puede hacer la venta el primero, se encarga el también acusado A.V.H. Uno de los proveedores de D.G.E. es F.J.V.R, al que no afecta el procedimiento al haber fallecido.  Para realizar las ventas se sirve también del acusado C.O.C y si no de G.S. Unas ventas que se realizan a través del domicilio en el que los tres conviven en Valladolid.

Debido a la grave enfermedad que J.H.V.R. padece, se pasan entre ambos los encargos y en esta ocasión la entrega es realizada por el último de los acusados: A. R.G.

El 11 de mayo de 2022 se realiza una entrada en el domicilio de D.G.E. interviniéndose una gran cantidad de sustancias estupefacientes que están valoradas en un total de 38.349,95 euros.  El 11 de mayo de 2022 se realiza otra entrada en el domicilio de F.J.V.R, C.O.C y G.S.  interviniendo más droga valorada en 32.100,48 euros.

Los hechos narrados constituyen delitos de amenazas, y dos contra la salud pública.

La Fiscalía pide para D.G.E: dos años y tres meses de presión por amenazas y otros nueve años por un delito contra la salud pública.

Contra A.V.H: seis años y seis meses por un delito contra la salud pública.

Contra C.O.C: seis años de prisión también por un delito contra la salud pública.

Contra G.S: prisión de cuatro años por delito contra la salud pública.

Contra J.J.V.R: prisión de cinco años por un delito contra la salud pública.

Contra A.R.G: cinco años de prisión por otro delito contra la salud pública.