La Junta de Castilla y León ha reaccionado a la decisión del Gobierno de España, mediante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito para que paralice de forma cautelar la celebración del Toro de la Vega en Tordesillas, en la provincia Valladolid, el próximo martes, 13 de septiembre, por considerar que se trata de un “posible delito de maltrato animal”.

A través de un comunicado, la administración regional señala que "es respetuosa con las decisiones que corresponda adoptar a los jueces y tribunales". Sin embargo, subraya que "es importante que todas las autoridades conozcan la distribución competencial y funciones que corresponde a los distintos poderes que conforman el actual Estado de Derecho, algo que las declaraciones de la secretaria de Estado pone en evidencia que no es así".

Y es que la celebración de festejos taurinos es una competencia que corresponde a la Junta de Castilla y León. Su autorización corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, concretamente a la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

El Toro de la Vega es un antiguo festejo taurino que se celebra en la localidad vallisoletana desde 1534, según consta en los primeros vestigios que se conservan, un origen medieval que lo convierte en un espectáculo taurino centenario que además fue declarado fiesta de interés turístico en 1980 y espectáculo taurino tradicional en 1999. Hasta el año 2016, el torneo finalizaba dando muerte al animal con una lanza; sin embargo, el 19 de mayo de ese año la Junta de Castilla y León prohibió, bajo el mandato de Juan Vicente Herrera y mediante un decreto-ley, la muerte del astado en el festejo, de tal forma que puede celebrarse el torneo, pero sin que los aficionados maten al toro.

A comienzos de este 2022, el Ayuntamiento de Tordesillas ha acordado una modificación del estatuto de esta tradición para adaptarlo al decreto de la Junta de 2016 y a la posterior resolución del Tribunal Supremo de 2019 ratificando el mismo, y por ende, eliminando la muerte pública del animal alanceado. La nueva norma municipal suprime la muerte pero no elimina el torneo, que incluye la colocación de divisas de 8 centímetros en el lomo del astado, a través de una lanza que contiene ‘arponcillos’.

El pasado 6 de septiembre el grupo munipal de Vox en el ayuntamiento tordesillano presentaba una moción para que el torneo volviera a ser con muerte, lo que desató, de nuevo la polémica.

Y ayer mismo Pacma entregaba a la Junta 74.000 firmas para cancelar el Toro de la Vega: "Es un sufrimiento extremo para el animal" sostienen.