La Audiencia Provincial de Valladolid condenó a un año de prisión a un hombre por pertenencia a grupo criminal y por un delito contra los derechos de los trabajadores, al colaborar en el traslado de varios ciudadanos búlgaros desde su país de origen a Valladolid para que trabajasen en el campo sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Según refiere la sentencia de la sección número 4 de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso Ical, el acusado formaba parte de un clan familiar, afincado en una localidad de la provincia de Valladolid, dedicado a captar y traer a ciudadanos búlgaros para trabajar en el campo. El acusado era el encargado de trasladar a los trabajadores a los tajos, recogiéndolos finalizada la jornada y mediando con los empresarios españoles cuando era necesario.

Asumiendo dichas funciones, cooperó con el traslado a España de una persona que se desplazó con sus tres hijos, de 5, 8 y 10 años, siendo recogidos y alojados en una vivienda alquilada por el clan mencionado. Facilitó también el traslado de otras cinco personas, dos de ellas menores, a los que trasladaba a las labores encomendadas en el campo conociendo que no estaban dados de alta en la Seguridad Social y que no tenían firmado ningún contrato.

El acusado también conocía que los trabajadores cobraban un salario de seis euros la hora, de los que uno se iba en comisión para el grupo al que pertenecía el acusado y otros dos euros para abonar el traslado hasta el lugar de trabajo. Además, tres de los trabajadores sí fueron dados de alta y contratados pero por periodos de tiempo inferiores a los realmente trabajados. De esta manera, eran obligados a abrir cuentas corrientes en entidades bancarias para luego quedarse la organización con las tarjetas de crédito, figurando una de las personas del citado grupo como autorizadas en las cuentas, para manipular los salarios y descontar las comisiones y los gastos.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Valladolid condenó al acusado, como autor responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores, a la pena de seis meses de prisión y a la pena de multa de seis meses con fijación de una cuota diaria de tres euros. Asimismo, también se le condena a otros seis meses de prisión como autor de un delito de pertenencia a grupo criminal.