El Grupo Provincial Socialista ha presentado, ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León, una denuncia relacionada con el servicio de extinción de incendios que presta la Institución Provincial en Medina del Campo, Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero. En el escrito, los socialistas apelan a la función fiscalizadora que debe ejercer esta institución autonómica, por cuanto “puede existir una responsabilidad contable por parte de la Diputación de Valladolid, ya que se están gestionando de forma incorrecta los caudales públicos en lo referente al servicio de extinción de incendios, tal y como han informado desde el PSOE en un comunicado de prensa.

Existen indicios razonables para creer en ello”, explicó el portavoz, Francisco Ferreira. En la provincia de Valladolid el servicio de extinción de incendios depende de la Diputación. La Institución cuenta con una red de parques que se ubican en Íscar, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Tordesillas, Peñafiel y Arroyo de la Encomienda.

En el caso del alfoz, hasta finales del año pasado existía un convenio suscrito con el ayuntamiento de Valladolid para prestar el servicio. Roto ese compromiso, la Diputación Provincial presta el servicio a todo el alfoz, incluidos Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda.

Desde el Grupo Provincial Socialista recordaron que la ley la 7/85 de 2 de abril, que en su artículo 36.c especifica que "la diputación asumirá la prestación del servicio en municipios de menos de 20.000 habitantes". “Por eso nosotros”, comentó el portavoz, “insistimos en que los municipios de más de 20.000 habitantes están obligados a prestar el servicio de extinción de incendios que bien puede ser con sus propios medios o suscribiendo un convenio que ampare dicha prestación".

Francisco Ferreira en su despacho

Según apuntaron, “o bien los municipios de más de 20.000 habitantes prestan el servicio de forma propia, o bien deberían suscribir un convenio con la Diputación y asumir los costes correspondientes. Pero la realidad es que se está dando el servicio, sin ningún título habilitante que legitime esa prestación, ni percepción económica alguna”.

Demandas constantes del grupo socialista

Conviene recordar que el Grupo presentó una proposición en el pleno de diciembre de 2020, a fin de que se regularizase este tipo de asistencia, y fue aprobada por todos los grupos políticos. Se preguntó sobre ello en el pleno de marzo de este año y se registró un escrito dirigido al presidente para reiterar la urgencia de regularizar este servicio de extinción de incendios que se está prestando en los municipios de más de 20.000 habitantes.

La respuesta, declaró Ferreira, fue “darnos largas y no solucionar el problema después de diez meses. Por lo tanto, instamos al Consejo de Cuentas a que haga una labor fiscalizadora de una gestión muy incorrecta”.