El reloj ya corre para frenar el deterioro del Palacio de los Hurtado de Mendoza. La Junta de Castilla y León ha enviado un aviso tajante tanto a los dueños del inmueble como al Ayuntamiento de Almazán: hay que actuar ya.

Tras el grave susto de principios de mes, cuando se vinieron abajo cinco arcos de la arquería norte y parte de los pisos interiores, la Comisión de Patrimonio ha puesto sobre la mesa un ultimátum claro.

Los trabajos para asegurar el edificio y apuntalar su interior deben arrancar de inmediato y quedar terminados en un plazo máximo de dos a tres semanas.

Las visitas de los técnicos de la Junta tras el derrumbe han dejado al descubierto un panorama preocupante.

El desplome no solo destrozó los arcos de piedra y el histórico artesonado de madera, sino que ha dejado al aire libre una pared de adobe y ladrillo totalmente indefensa ante la lluvia o el viento.

Para colmo, las alarmas han saltado al revisar el torreón de al lado: las grietas han vuelto a abrirse y los testigos de yeso colocados para vigilar su estabilidad se han roto, lo que confirma que la estructura se está moviendo.

Por eso, Patrimonio ha exigido recoger y custodiar bajo techo cada sillar, cada escudo y cada pieza de madera caída para evitar que se echen a perder o sufran saqueos.

Una vez que el palacio quede apuntalado y fuera de peligro inminente, la propiedad tendrá justo un mes para presentar un plan detallado de restauración y reconstrucción con su calendario correspondiente.

Desde la administración autonómica no han dudado en recordar la letra pequeña de la ley: los monumentos protegidos son responsabilidad de sus dueños.

De hecho, la normativa avisa de que si un edificio histórico termina en ruina por falta de cuidados, los propietarios están obligados a pagar de su bolsillo la reconstrucción completa hasta dejarlo exactamente como estaba.