La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado en la mañana de este lunes y acompañada por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez; la delegada del Gobierno en Castilla y Léon, Virginia Barcones; y la alcaldesa de Segovia, Clara Martín; entre otras autoridades, el nuevo edificio de los juzgados de Segovia, una construcción de 12.000 metros cuadrados que "hace realidad una reivindicación de años", que ha supuesto una inversión de más de 16 millones de euros y que, según la ministra, prueba "la apuesta del Ministerio de Justicia por Castilla y León" y "simboliza la concepción del Servicio Público de Justicia por parte del Gobierno, como algo ágil, eficiente, igualitario, que contribuya a la transición ecológica y actúe como verdadero motor de cohesión social y territorial".

"Estos nuevos juzgados de Segovia son la materialización de un servicio público que se presta en condiciones de igualdad y dignidad, que permitirá alcanzar una Justicia más humana, donde todos los operadores jurídicos, profesionales y víctimas se sientan cómodos y bien atendidos”, ha añadido. 

La construcción de este nuevo edificio tiene como objetivo evitar traslados, así como facilitar la coordinación de las unidades judiciales, reduciendo la dispersión de juzgados, pues este albergará todos los servicios, a excepción de la Audiencia Provincial, que, en su caso, seguirá prestando servicio en el Palacio de Justicia situado en la calle San Agustín. 

De este modo, la nueva sede acogerá 13 juzgados de los diferentes órdenes jurisdiccionales de Segovia, además de la Fiscalía y el Registro Civil, nueve salas de vistas, salas polivalentes destinadas a salas Gesell o de pruebas preconstituidas, salas de declaraciones y espacios destinados a la asistencia a las víctimas o a la lactancia. 

Además, tal y como ha explicado la ministra, el edificio, en cuyo proyecto se han tenido en cuenta las consideraciones ambientales y los objetivos de sostenibilidad y accesibilidad, cuenta con la calificación energética A y está dotado de servicios que no existían en las sedes anteriores, así como de espacios adicionales de reserva, que permitirán un futuro crecimiento de la planta judicial. 

"También se ha procurado que incorpore de forma decidida la digitalización, para una gestión de los recursos públicos mejor y más eficiente”, ha apostillado. 

Sin embargo, según ha señalado la titular de Justicia, este solo es uno de los tantos compromisos que el Ministerio de Justicia tiene en materia de obras y patrimonio con Castilla y León.

En este sentido, ha mencionado algunas de las actuaciones que su departamento está llevando a cabo en la región, tales como la rehabilitación del Palacio de Justicia de Salamanca y el nuevo edificio de juzgados de Vitigudino, con una inversión de más de 9 millones de euros; las obras del nuevo Instituto de Medicina Legal de Palencia, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, y la rehabilitación del edificio de juzgados de Burgo de Osma, en la provincia de Soria, por un importe superior a un millón de euros.

Llop también ha aprovechado la ocasión para mencionar otras actuaciones previstas para un futuro próximo, que tienen que ver con las mejoras de la accesibilidad, como las que se van a licitar próximamente en el edificio de juzgados de Toro, Zamora, o las obras de mejora de la eficiencia energética en distintas sedes de León, Benavente y Miranda de Ebro, entre otras.

Llop: "Los seres humanos no se compran, no se venden y no se trafica con ellos"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmó hoy que “los seres humanos no se compran, no se venden y no se trafica con ellos". "Eso es lo que yo entiendo y lo que entiende también el Gobierno”, comentó Llop, en la inauguración del nuevo Palacio de Justicia de Segovia, donde remarcó que, en una democracia, “no podemos permitir que los cuerpos de las personas ni las personas sean un objeto más de consumo”.

Pilar Llop resaltó, preguntada sobre su postura sobre la gestación subrogada, que se habla de vientres de alquiler porque “no se pueden utilizar eufemismos para esconder algo que lo que significa es violar los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos humanos de los niños y las niñas”. Además, argumentó que es sabido que, en países donde esa práctica es legal, permitida y admitida en su legislación, “se producen, en muchas ocasiones, vulneraciones muy graves de los derechos humano de las personas”, porque son “vientres de alquiler que no responden a la legalidad, son falsas gestaciones subrogadas que se utilizan para hacer compraventa de menores”.

La ministra remarcó que en España se va a incluir la adopción ilegal en la nueva tipificación de la trata de seres humanos, en la directiva en la que está trabajando el Gobierno, al igual que está haciendo en la UE, para modernizar la directiva europea de 2011 sobre este asunto.