Las inmobiliarias de Salamanca alertan del colapso del alquiler universitario tras las medidas del Gobierno: "Ataque directo"

La Asociación de Inmobiliarias de Salamanca, integrada en la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), ha hecho público un comunicado para manifestar su "profunda preocupación" ante el paquete de medidas en materia de vivienda presentado por el Gobierno de España.

La asociación charra advierte que la regulación del alquiler por habitaciones y el endurecimiento de los contratos de temporada constituyen un "ataque directo" al mercado del alquiler universitario, clave para la economía de la ciudad.

Desde el colectivo salmantino se considera que el Ejecutivo vuelve a legislar "de espaldas a la realidad" de ciudades con alta población estudiantil.

Manuel Arias, portavoz de la Asociación, subraya al respecto que en una ciudad con más de 30.000 estudiantes, el alquiler por habitaciones "no es un fraude, es una necesidad de acceso".

Según sus datos, desde la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023, la oferta de alquiler permanente en Salamanca ha caído un 29%, mientras que los precios han aumentado un 12,5% en dos años por la falta de stock.

La nueva normativa establece que la suma de las habitaciones no puede superar el precio de un alquiler convencional. La Asociación advierte que esto podría provocar que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado.

Arias, en consonancia con José María Alfaro, presidente de FAI, afirma que la temporalidad no se define por un plazo de 11 meses, sino por la causa, y critica que exigir burocracia para acreditar que un estudiante viene a estudiar "criminaliza al pequeño propietario".

Según el colectivo, el miedo a que los contratos de temporada se conviertan en contratos de vivienda habitual de cinco o siete años podría derivar en un trasvase masivo de pisos hacia la venta o su cierre temporal.

Respecto a los incentivos fiscales, la asociación considera que la bonificación del 100% en el IRPF por congelar rentas es "estéril".

La organización argumenta que el ahorro fiscal no compensa la "indefensión jurídica" que sufren los propietarios frente a impagos o situaciones de vulnerabilidad trasladadas por el Estado.

Añaden que ningún arrendador se arriesgará a congelar un alquiler durante años por un beneficio mínimo si no tiene garantizado recuperar su propiedad de forma ágil en caso de conflicto.

Aun así, reconocen que la medida va en la "buena dirección", ya que "lo que hace falta es incentivar y no castigar al pequeño propietario".

La Asociación alerta de que, si las medidas se aprueban en el Congreso el próximo mes de febrero, el curso 2026-2027 podría enfrentar una grave falta de alojamiento.

Por lo tanto, la organización prevé un aumento de la economía sumergida, al empujar muchos acuerdos a la informalidad, y la expulsión de familias locales ante la presión de una demanda que ha crecido un 179% en los últimos años.

Por ello, la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca insta a la Junta de Castilla y León a mantener su firmeza en la no aplicación de zonas tensionadas.

Además, la organización charra reclama al Gobierno central un plan que priorice la generación de oferta pública y la seguridad jurídica, "en lugar de insistir en medidas intervencionistas que solo han servido para que caiga la oferta, encarecer el alquiler y dificultar aún más el acceso a una vivienda digna".