Aproximadamente medio centenar de cuidadores técnicos de Servicios Asistenciales protestó durante la tarde de este martes en la Plaza Mayor de Salamanca con el objetivo de exigir a la Junta de Castilla y León y a los sindicatos CCOO, UGT y CGT que rectifiquen el preacuerdo del convenio colectivo para el personal de la administración autonómica, puesto que, desde su punto de vista, han pactado unas condiciones laborales que les “denigran” como profesionales y suponen “un ataque” a sus derechos, además de “un retroceso” en la atención a las personas con discapacidad intelectual.

Según destacaron los cuidadores, en el vigente convenio, para acceder a esta categoría profesional, se exige una titulación de Bachiller, Formación Profesional de Grado Superior o equivalente. Sin embargo, en la negociación del nuevo convenio los representantes de los trabajadores pretenden rebajar los requisitos de titulación de acceso a una Formación Profesional de Grado Medio, lo que supondrá una rebaja en la especialización profesional. “Bajar la formación redundará en una atención de menor calidad, algo que las personas con discapacidad intelectual no se merecen”, apuntaron.

En Castilla y León, según prosiguieron los manifestantes, se estaban cumpliendo ampliamente los mínimos del acuerdo de rango nacional, exigiendo una titulación de FP de Grado Superior para el acceso a la categoría de ‘cuidador’. Añadieron que existe una titulación de este rengo, la de Integración Social, que “se adapta perfectamente al mundo de la discapacidad actual, al modelo que durante los últimos 30 años ha desarrollado la Gerencia de Servicios Sociales, un modelo de calidad de vida, centrado en la persona y que ahora quiere tirar por la borda volviendo a un modelo asistencial”.

“No vamos a permitir que se abandone un modelo puntero del que todos los cuidadores estamos orgullosos. En el turno de noche, como en el acompañamiento fuera del centro, son los cuidadores los únicos presentes. Los actuales trabajadores hemos demostrado, sobre todo en los últimos años, con la pandemia, que somos grandes profesionales que toman decisiones y actúan ante cualquier eventualidad. La responsabilidad que conlleva el trabajar con personas con discapacidad no puede dejarse en manos de trabajadores no cualificados”, abundaron.

Asimismo, apuntaron que la Junta de Castilla y León, junto con los sindicatos citados, “discriminan a las personas con discapacidad intelectual” en función de si son atendidos en la Consejería de Educación, donde a los profesionales se les exigirá una formación profesional de grado superior, o, si son atendidos en la Gerencia de Servicios Sociales, donde se quiere exigir formación profesional de grado medio. “Pedimos a la Junta que la titulación exigida para nuestra categoría sea Integración Social, una titulación de FP de grado superior, el mismo grado que teníamos hasta ahora. A lo largo de toda Castilla y León la marea naranja va a seguir manifestando su desacuerdo con el nuevo convenio colectivo”, advirtieron ataviados con motivos y pancartas de dicho color.