El colectivo ecologista Bierzo Aire Limpio ha denunciado este viernes que la "actual situación judicial" que afecta a la Central de Producción de Energía Térmica con Biomasa de Ponferrada exige "una respuesta, responsable y previsora" por parte del Ayuntamiento de la ciudad berciana.

Por ello, la agrupación ha presentado un escrito formal instando a "la adopción urgente de medidas preventivas que aseguren la continuidad del suministro de calefacción en los edificios de uso público afectados, así como que se informe de manera veraz y responsable a las comunidades de vecinos afectadas, ante un escenario de incertidumbre que no puede ignorarse".

"La preocupación no es hipotética. La sentencia 00120/2025, dictada el 17 de julio de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de León, anula las autorizaciones administrativas concedidas a la instalación -uso excepcional, licencia ambiental y licencia urbanística de obras- y ordena la paralización de la construcción y el cese inmediato de la actividad amparada por dichas licencias", ha recordado.

Y ha hecho hincapié en que, "aunque la resolución ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la posibilidad de que sea confirmada no puede ni debe descartarse". "En un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales se cumplen. Precisamente por eso, la Administración debe actuar con diligencia antes de que los hechos la superen", ha señalado.

Escenarios alternativos

Bierzo Aire Limpio ha subrayado que, "desde esta perspectiva, el principio de prevención del daño y la obligación de buena administración imponen al Ayuntamiento de Ponferrada la necesidad de planificar escenarios alternativos que garanticen que, pase lo que pase en el Tribunal, la ciudadanía no resulte perjudicada".

"En este sentido, resulta especialmente relevante el informe pericial técnico emitido por Somacyl en noviembre de 2025 tras la inspección de las antiguas salas de calderas de los edificios públicos afectados. El documento analiza la titularidad, antigüedad, estado de conservación y capacidad operativa de las instalaciones previas a la red de calor para asumir el suministro en caso de parada temporal o permanente de la Central de Calor por sentencia judicial", ha afirmado.

Y ha recordado que el perito "advierte expresamente de que, ante una parada prolongada de la central de calor, determinados centros podrían quedarse sin calefacción y ACS". El colectivo ecologista ha asegurado que "las conclusiones del informe son preocupantes".

Una interrupción "previsible"

"La Estación de Autobuses de Ponferrada carece de sistema alternativo de generación térmica, la Residencia de Ancianos Las Encinas dispone únicamente de soluciones de emergencia que podrían resultar insuficientes para garantizar un suministro continuado. Además, existen instalaciones con más de 40 y 50 años de antigüedad cuya operatividad y seguridad no ofrecen garantías razonables de continuidad del servicio", ha lamentado.

Bierzo Aire Limpio ha insistido en que "desde el punto de vista jurídico, la cuestión no es menor". "La Ley 40/2015 establece que las Administraciones públicas pueden incurrir en responsabilidad patrimonial por los daños derivados del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos cuando el perjuicio sea efectivo, evaluable e individualizado", ha recordado.

Y ha denunciado que una interrupción del suministro térmico en edificios esenciales, "si era previsible y no se adoptaron medidas razonables para evitarla, podría generar responsabilidades que trascienden lo político".

Las medidas "necesarias"

Por todo ello, Bierzo Aire Limpio ha solicitado formalmente al Ayuntamiento que, "mientras no exista resolución judicial firme, adopte las medidas técnicas y administrativas necesarias para garantizar la continuidad del suministro térmico".

"Ello puede implicar el mantenimiento operativo de las antiguas calderas, la revisión urgente de su estado de seguridad, la habilitación de sistemas alternativos o cualquier otra solución eficaz que asegure que ningún edificio público quede desatendido. Asimismo, en aquellos inmuebles de titularidad privada, resulta imprescindible que se informe de manera expresa y documentada a sus propietarios o responsables sobre la situación judicial y los riesgos potenciales, para que puedan actuar dentro de su ámbito competencial", ha añadido.

El colectivo ecologista ha asegurado que la comunicación al Ayuntamiento "no busca confrontación, sino que exige el desarrollo de un ejercicio de responsabilidad, planificación, rigor técnico y seguridad jurídica".