El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada ha abierto diligencias previas para investigar presuntas irregularidades en contratos adjudicados por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), organización del Gobierno de España adscrita al Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El valor de dichos contratos asciende a un importe global de 2,6 millones de euros.
La investigación tiene su origen en la denuncia presentada en julio de 2024 por un extrabajador de la entidad, siendo ministra Teresa Ribera, según adelantó esta semana OK Diario.
El procedimiento pone el foco, principalmente, en el programa cultural Dinamiz-ARTj, financiado con fondos públicos para llevar actividades artísticas a territorios en transición tras el declive industrial de la comarca del Bierzo.
1.000 pagos en el punto de mira
Según la denuncia, la fundación habría recurrido de forma sistemática al fraccionamiento de contratos menores y a licitaciones supuestamente diseñadas a medida para empresas previamente seleccionadas, con el objetivo de eludir los procedimientos de contratación pública obligatorios.
Uno de los aspectos más graves señalados en la denuncia es el uso de la figura del llamado anticipo de caja para ejecutar pagos, un procedimiento con el que se habría realizado supuestamente cerca de 1.000 pagos, evitando así la tramitación de los contratos menores correspondientes.
La denuncia también describe contratos formalizados mediante simples intercambios de correos electrónicos entre técnicos y empresas, sin intervención del órgano de contratación, así como supuestas convalidaciones trimestrales que, según el escrito, nunca llegaron a producirse y que, en cualquier caso, serían ilegales por realizarse a posteriori.
Bajo investigación estarían licitaciones como el Festival de Flamenco Bierzo al Toque, la adquisición de un software de venta de entradas para el Museo de la Energía, con pliegos acomodados a las especificaciones de empresas concretas.
También contratos menores sin expediente, servicios prestados sin cobertura contractual y eventos culturales celebrados en La Térmica Cultural pese a carecer de licencia de actividad, una situación que, según el denunciante, habría sido advertida por la Asesoría Jurídica de la propia fundación.
La Ciuden lo niega todo: "Fue cesado por graves faltas contra compañeros"
La Ciudad de la Energía ha rechazado de plano, en declaraciones a este periódico, las graves acusaciones que han motivado la investigación. "Negamos tajantemente las acusaciones, como fundación pública, Ciuden actúa siempre desde la más estricta legalidad en todo su ámbito de actuación y en todos los procesos de contratación", subraya.
Además, la fundación aclara que las acusaciones mencionadas provienen de un extrabajador que "apenas estuvo 5 meses en su puesto y fue cesado durante el periodo de prueba por graves faltas cometidas contra compañeros", y recuerda que esta persona interpuso una demanda por dicho despido que ya ha sido desestimada por sentencia judicial. El trabajador, por su parte, ha recurrido la sentencia.
Respaldo absoluto del Comité de Empresa
El comité de empresa de la Fundación Ciudad de la Energía ha salido públicamente en defensa de la institución tras las informaciones sobre la investigación judicial en curso. Lo ha hecho a través de un comunicado remitido a EL ESPAÑOL.
En el texto, el órgano de representación de los trabajadores expresa su “rechazo a las acusaciones y defensa de la honorabilidad de Ciuden”. Añade que “no está de acuerdo con las noticias y acusaciones publicadas recientemente con el único fin de dañar la reputación de las y los trabajadores de la fundación”. A su juicio, estas informaciones “ofrecen una visión distorsionada de la realidad operativa de la Fundación”.
El comité manifiesta también su “apoyo total y respaldo absoluto” a la directora general, Yasodhara López García. De ella destaca que está “liderando la Fundación con visión estratégica, compromiso social y capacidad de transformar desafíos en oportunidades”.
En el comunicado agradece “su actitud profesional, serena y responsable en la gestión de las quejas trasladadas desde este Comité”, en las que se alertaba de “las conductas hostiles, el trato degradante y las faltas de respeto sistemáticas hacia la plantilla por parte de algún miembro de su equipo directivo”, y subraya que “su postura ha sido una defensa clara de los derechos de los trabajadores, y también de la integridad institucional de la Fundación”.
Además, el Comité señala: “Confiamos plenamente en la gestión de programas como Dinamiz-ARTj y en la correcta administración de los recursos destinados para llevarlos a cabo”.
Por último, traslada su “respaldo a los trabajadores y trabajadoras” y pone en valor “el esfuerzo y la profesionalidad de todos los empleados de Ciden”, cuyo trabajo —afirma— “ha permitido que las instalaciones de la Fundación se conviertan en un referente cultural y tecnológico”.
En este punto, rechaza que se intente vincular el desempeño de la plantilla con “banderas rojas o malas praxis” y concluye mostrando su “confianza en el futuro del proyecto”, asegurando que “seguiremos trabajando para garantizar la continuidad de los proyectos de investigación y cultura, convencidos de que la justicia ratificará la legalidad y la transparencia de las actuaciones”.
El PP: "El PSOE no deja ninguna institución sin destrozar"
El Partido Popular de Ponferrada ha reclamado explicaciones inmediatas y una auditoría externa sobre la gestión de la Ciuden tras la apertura del procedimiento judicial. El portavoz de la gestora local, Carlos Fernández, ha sido especialmente duro al afirmar que “el PSOE no deja ninguna institución sin destrozar” y al considerar que la investigación en marcha evidencia “la gravedad del asunto”, que a su juicio “de ninguna manera puede despacharse con una afirmación carente de soporte documental probatorio, de que todo va bien”.
Fernández sostiene que durante años “muchos ponferradinos han tenido la sospecha de que la Ciden actuaba como una agencia de colocación de los suyos” y advierte de que ahora “se pasa de la sospecha a algo más”. En este contexto, señala que “parece que estamos ante uno más de los chiringuitos que utiliza el Partido Socialista para tener contentos a los suyos con pagos de dudosa rectitud en el fondo y en la forma”, y exige “inmediata transparencia y responsabilidades en el ámbito político”, al tiempo que se pregunta: “Si siempre están ocupados en repartirse lo público para ellos, ¿cómo van a ocuparse de los problemas reales de la ciudadanía?”.