“Todos queremos que el paisaje y el medio natural no queden afectados por los partes eólicos, que han de ponerse con la sensatez necesaria, por eso reclamamos al Gobierno de España que se reúna con las comunidades autónomas y las tenga en cuenta en el desarrollo del Plan Integrado de Energía y Clima, porque eso es tener en cuenta al territorio”, afirmó hoy el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Con motivo de la concentración programada para el próximo 22 de octubre en Ponferrada para reclamar la implicación de las administraciones al respecto, Juan Carlos Suárez-Quiñones puntualizó hoy que los denominados macroparques, de más de 50 megavatios, no son competencia de la Junta de Castilla y León, sino que “es el Gobierno de España el que concede las autorizaciones”.

En este sentido, recordó que la Junta de Castilla y León dictó el año pasado un Decreto Ley para “ordenar lo que debería haber hecho el Gobierno al principio, cuando se limitó a conceder red eléctrica sin consideración a los lugares”.

Un decreto que, para el titular de Medio Ambiente, “ha dado certidumbre” al acotar “dónde se pueden instalar los parques eólicos por razones ambientales o patrimoniales”. Ello ha provocado que “muchos proyectos se hayan caído”, mientras que “otros están a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental” que, en el caso de la Junta de Castilla y León es “exigente” y está “basada en informes técnicos”, de manera que “sale o no sale si tiene un impacto razonable o compensable”.

Proyecto de modernización de regadío en El Bierzo

El consejero también exigió hoy al Gobierno de España que “espabile” y “funcione a pesar de estar en funciones” para “dar una respuesta al Bierzo respecto al vital proyecto de modernización y transformación de regadíos que necesita”.

En este sentido, el titular de Medio Ambiente explicó que en estos momentos está “pendiente” la transformación del regadíos en casi 4.000 hectáreas del Canal Bajo del Bierzo, lo que permitiría “duplicar la superficie regable”.

Para ello, aseguró que la Junta de Castilla y León “ha hecho los deberes”, de forma que “ya tiene elaboradas las bases para su aprobación antes de final de año, así como el estudio de impacto ambiental y el proyecto de modernización”. Sin embargo, “falta la implicación de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias y la aprobación de la declaración de impacto por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.