El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León anuló y dejó sin acuerdo, en una sentencia firmada el pasado 4 de julio, el acuerdo del equipo de Gobierno de la Diputación de León del 30 de octubre de 2021, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto por Asaja frente al acuerdo de la Junta de Gobierno del 30 de octubre de 2020 a través del cual se aprobaban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales agrarias y a entidades asociativas agrarias para el año 2020, así como el acuerdo del equipo de Gobierno de 12 de febrero de 2021 mediante el cual se concedían dichas subvenciones. 

La sentencia, además, obliga a la Diputación a devolver 209.999,94 euros, de los cuales 13.770,68 corresponden a Asaja, la parte demandante. 

Y es que, según ha dado a conocer la asociación, el principal argumento que ha valorado el juez ha sido la falta de concurrencia competitiva, dada la inexistencia de criterio de valoración de los expedientes. 

Ahora bien, en cuanto al conflicto de intereses al que se aludía en la demanda, por parte de los diputados Matías Llorente y Avelina Vidal por sus cargos en Ugal-Upa y en la cooperativa Ucogal, que aún "resultando patente e indiscutible la existencia de conflicto de intereses, los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptaron por unanimidad, por lo que no es posible sostener que la intervención de los citados resultó decisiva para la adaptación del acuerdo". 

Asaja León no se ha dado por vencida. Tanto es así, que, según ha dado a conocer ella misma, exigirá a que la vista de la sentencia se anule la convocatoria de estas mismas ayudas del año 2021, una convocatoria que se encuentra suspendida por propuesta del presidente vista en el Pleno y comunicada a las partes el 22 de febrero de 2022, al estar regidas por las mismas bases. 

La sentencia afirma que los servicios técnicos y jurídicos de la Diputación se pusieron al servicio del poder político, a través de Matías Llorente (UPL) y Avelina Vidal (PSOE), haciendo informes ad hoc que llevaron a acuerdos que ahora ha sido desestimados por la justicia. 

Según Asaja, los diputados del equipo de gobierno cedieron, aun a sabiendas de estar haciendo el mal, a las pretensiones de Matías Llorente y de Avelina Vidal de perjudicar a Asaja y beneficiar a Ugal-Upa.

Además, aunque los diputados del PP, como partido de oposición, no intervinieron en los acuerdos, la mayoría de ellos, y en particular Raúl Valcarce, hicieron suyos, incluso en sede judicial, todos los planteamientos políticos del vicepresidente Matías Llorente.

Llegados a este punto, la asociación leonesa confía en que con esta sentencia, y sobre todo con la llegada de un nuevo Gobierno a la Diputación, se cierre una etapa en la que, en su opinión, no se ha reconocido el papel de las organizaciones agrarias, y en particular de la mayoritaria que es Asaja, en la defensa profesional de los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia, y que se ha utilizado el dinero público para influir en los resultados de las elecciones agrarias de enero de este año, en las que la asociación volvió a obtener la mayoría absoluta, "por lo que fracasaron en su estrategia", apuntan. 

Del mismo modo, la organización espera que el presidente en funciones, "que ha tenido una gestión nefasta, no tenga la osadía de recurrir la sentencia".