El Centro Penitenciario de León ha vuelto a protagonizar una grave agresión. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha denunciado que este viernes, 31 de marzo, sobre las 09:00 el interno A.R.T.S ha alertado de una presunta reyerta en el comedor de la enfermería. La funcionaria, tras recibir el aviso por parte del interno, habría salido de la cabina y al preguntar al reo, este se ha abalanzado sobre ella y sin mediar palabra alguna le ha propinado un fuerte puñetazo en la boca.

La asociación ha asegurado que esto le ha supuesto una rotura y abundante sangrado en el labio, a mayores de la contusión propia producida por un golpe "tan violento" en el rostro. La ayuda del resto de funcionarios ha evitado que la situación se agravase tras lograr inmovilizar al interno.

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Por su parte, la víctima de la agresión, según explican en un comunicado, ha tenido que ser atendida por los sanitarios de la cárcel, además de verse obligada a dejar de prestar servicio para trasladarse con posterioridad al Centro Hospitalario de referencia. 

El interno, que es el presunto autor de un grave delito que se había mediatizado recientemente, había sido supuestamente protagonista en incidentes anteriores "muy graves", aunque la Dirección "no ha tomado las medidas necesarias" a criterio de la sección sindical que denuncia los hechos, que remarca que ha "obviado dichas conductas agresivas en virtud de supuestos criterios tratamentales beneficiosos para dicho preso".

De la misma forma, han afirmado que "no tiene en consideración informes negativos de funcionarios", además de "olvidar que el régimen y la disciplina son tan importantes como el tratamiento para mantener el orden".

El sindicato aclara que la sensación de "impunidad" ante el incumplimiento de la normativa produce estas reacciones como las que ha tenido este interno, al tiempo que "animan al resto de la población reclusa a hacer lo que les venga en gana".

La APFP ha aprovechado el comunicado para alertar de la falta de personal que hay en la cárcel de León, tanto de funcionarios de vigilancia como de sanitarios. Algo que hace "imposible cumplir el mandato constitucional de la reeducación y la reinserción social", además de poner "en riesgo la salud tanto mental como física" de los reclusos, ya que no pueden ser atendidos por la falta de personal.