El gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón Ical
La Fiscalía de Burgos investiga la muerte de los dos pacientes oncológicos en el HUBU
El Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación preprocesales, una actuación habitual cuando se producen fallecimientos en el ámbito sanitario, a raíz de una solicitud presentada por la Asociación del Defensor del Paciente.
Más información: Mueren dos pacientes con cáncer en el Hospital de Burgos por un "error humano" en el preparado del tratamiento
La Fiscalía de Burgos investiga un error en la administración de un tratamiento de quimioterapia en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que causó la muerte de dos pacientes oncológicos el pasado mes de diciembre tras recibir una concentración del fármaco que sextuplicaba la recomendada y que mantiene a otros tres pacientes bajo vigilancia clínica.
El Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación preprocesales, una actuación habitual cuando se producen fallecimientos en el ámbito sanitario, a raíz de una solicitud presentada por la Asociación del Defensor del Paciente, que ha reclamado que la Fiscalía actuara de oficio tras conocerse los hechos.
El centro hospitalario burgalés ha reconocido que un fallo humano en la preparación del fármaco derivó en la muerte de dos pacientes y afectó a otros tres.
Según explicaba el pasado martes el gerente del HUBU, Carlos Cartón, el error no se produjo en la dosis prescrita, que era la correcta, sino en la elaboración del medicamento, al registrarse un fallo numérico en la ficha de preparación que provocó una concentración excesiva durante la dilución del fármaco.
Carlos Cartón también detallaba que el 18 de diciembre el Servicio de Oncología tuvo conocimiento de que dos pacientes habían acudido a Urgencias con una sintomatología "compatible con un exceso de toxicidad", lo que motivó el inicio de una investigación interna para revisar todo el proceso del tratamiento oncológico.
Al completar esa revisión, el hospital concluyó que existía un "error en la ficha de elaboración del fármaco", con un fallo numérico que afectaba al número de disoluciones del vial y que ocasionó los efectos adversos detectados. Los cinco pacientes recibieron el mismo medicamento preparado del mismo modo, aunque en días distintos.
El 19 de diciembre, el centro se puso en contacto con los cinco pacientes afectados, incluidos los tres que permanecían en sus domicilios, para que acudieran al hospital y fueran monitorizados, recibiendo el soporte clínico necesario, según explicó el gerente en rueda de prensa.
En cuanto a la evolución clínica, uno de los pacientes afectados ya ha sido dado de alta por su estabilidad, otro permanece ingresado en una planta convencional y el tercero continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. Los dos pacientes fallecidos, ambos mayores de 60 años, murieron en momentos distintos: uno a las pocas horas de detectarse el problema y el otro a los pocos días.
Durante su comparecencia pública, Cartón quiso trasladar de forma expresa las condolencias a las familias de los fallecidos, señalando que ya se habían comunicado el propio 18 de diciembre y que se reiteraban públicamente.
El gerente defendía en esa misma rueda de prensa los mecanismos de control existentes, aunque insistía en que el fallo se produjo en la ficha de preparación que sirve de patrón para elaborar el fármaco.
Además, aseguró que el hospital ha revisado las fichas de elaboración y reforzado los protocolos para evitar que una incidencia similar vuelva a producirse.
El HUBU ha asumido como propio el error humano y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ejercerá la responsabilidad patrimonial para indemnizar a los afectados, mientras avanza la investigación de la Fiscalía para esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades.
Cabe recordar, que los hechos podrían encuadrarse, en función de lo que determine la investigación, en un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional, tipificado en el artículo 142 del Código Penal, que contempla penas de prisión de uno a cuatro años y la inhabilitación especial para el ejercicio profesional de tres a seis años.
