Las monjas clarisas junto a sus allegados en el convento de Santa Clara, en una publicación de sus redes sociales, al inicio del conflicto.
La jueza ordena el desahucio de las exmonjas de Belorado
El fallo del Juzgado de Briviesca obliga a las religiosas a pagar además las costas del juicio.
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La jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha dado la razón al Monasterio de Santa Clara de Belorado, perteneciente a la Iglesia Católica, y ha ordenado el desalojo de las exmonjas que permanecen en el convento desde su expulsión canónica, tras declararse en rebeldía el pasado mes de mayo.
La sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, fechada el 31 de julio, estima íntegramente la demanda de desahucio por precario y condena a las demandadas a abandonar la finca “con apercibimiento de lanzamiento si no lo hicieren voluntariamente”.
La resolución judicial considera probado que las exreligiosas ocupan el inmueble sin título legal alguno y que, tras su decisión de abandonar la Iglesia Católica —formalizada mediante escritura pública el 8 de mayo de 2024—, perdieron toda vinculación con la entidad propietaria, de carácter eclesial.
La jueza subraya que “quien no es parte de la Iglesia Católica, porque ha renunciado a serlo, no puede actuar ya como tal ni pretender seguir representando a una entidad eclesial al amparo de un Derecho (el Canónico) que ya no le es de aplicación”.
Un intento de transformación sin validez jurídica
Uno de los ejes del conflicto fue el acuerdo adoptado por las exmonjas el 18 de mayo de 2024, diez días después de anunciar su escisión, mediante el cual pretendieron transformar el monasterio en una asociación civil registrada.
La sentencia desestima de forma tajante este argumento: “Los acuerdos del 18 de mayo […] son nulos de pleno derecho”, señala la jueza, al considerar que el supuesto capítulo conventual carecía de legitimidad y representación legal tras la ruptura con la Iglesia.
El fallo también rechaza que las demandadas puedan justificar su permanencia en el convento alegando derechos vinculados a la libertad religiosa o a la figura de la asociación.
“El derecho de asociación y la libertad religiosa se reconocen a las personas físicas, no a entidades jurídicas surgidas sin título alguno sobre el inmueble”, concluye el texto.
Desahucio y condena en costas
La magistrada condena a todas las demandadas a entregar la posesión del monasterio a la parte actora, con la excepción de una de ellas, que se allanó voluntariamente a la demanda y queda exenta del pago de costas.
El resto de las exmonjas deberán abandonar el inmueble, y se enfrentan al riesgo de un desalojo forzoso si no cumplen voluntariamente la sentencia.
Contra la resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos en el plazo de 20 días. Mientras tanto, la Iglesia dispone ya de una resolución firme en primera instancia que le reconoce la propiedad del monasterio y el derecho a recuperarlo.
Esta sentencia judicial añade un nuevo capítulo al controvertido cisma de Belorado, que ha puesto en jaque al propio Vaticano y ha abierto un conflicto civil sin precedentes en la reciente historia de la Iglesia española.
Un litigio civil tras la ruptura canónica
El procedimiento judicial tiene su origen en el conflicto canónico que estalló el pasado mes de mayo, cuando la Santa Sede decretó la excomunión de la madre superiora, sor Isabel de la Trinidad, y otras religiosas por su vinculación con el falso obispo excomulgado Pablo de Rojas y su grupo cismático.
Tras la excomunión, la orden religiosa consideró que las monjas habían perdido el derecho de uso del inmueble —propiedad de la Iglesia— y presentó una demanda civil para recuperar el control del monasterio. La diócesis sostuvo en el juicio que las mujeres que aún residen en el convento lo hacen sin título legal alguno y que su estancia carece de amparo jurídico.
Ahora, con esta sentencia favorable, la Iglesia Católica tiene respaldo judicial para proceder al desalojo. Se trata, no obstante, de una resolución recurrible, por lo que el caso aún podría prolongarse si las exmonjas deciden presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Burgos.
