Responsables del Partido Castellano- Tierra Comunera (PCAS-TC) solicitaron hoy en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Burgos la activación del Plan Garoña, actuación prometida en el entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2009, con una dotación de 950 millones de euros (2009-2013) por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en 2009, y que “nunca se convirtió en realidad”, subrayaron en declaraciones recogidas por la agencia Ical.

Ante estas circunstancias, la formación castellanista registró un escrito en la sede gubernamental en que se recuerda a Pedro Sánchez el compromiso de su partido y del Gobierno de España con esta “deprimida” zona del norte de la provincia de Burgos. El Plan Garoña nació, recordaron, con el fin de paliar las consecuencias del cierre de la planta nuclear, que incluía una treintena de actuaciones dirigidas a fortalecer la estructura productiva de la zona y garantizar un crecimiento estable, “durante los próximos años y de forma previa al cierre de la planta nuclear”. De ellas, lamentaron que “únicamente en una docena se realizó alguna actividad”.

Así, recordaron que entre las actuaciones anunciadas se encontraban agilizar la línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria, la Vía Verde Meseta Castellana-Cantábrico, la mejora de la carretera N-629, los proyectos de desdoblamiento de la N-I y de la construcción de la autopista Dos Mares, crear en Miranda de Ebro un punto nodal del Corredor Cantábrico-Mediterráneo donde confluirán vías de comunicación por carretera y ferrocarril; construcción en la zona de un Parador Nacional o crear un proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de los procesos de desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña.

Una década después del cierre de la central, sostuvieron que ni el Plan Garoña ni los Reindus han servido “ni siquiera” para mitigar los efectos de la pérdida de empleos que produjo su cierre. Por ello, los castellanistas solicitaron al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 una primera anualidad de 500 millones de euros, de cara a completar hasta 2027 los 950 millones comprometidos en su momento.

Rechazo a su reapertura

En otro orden de cosas, el PCAS-TC mostró su más rotundo rechazo a la reapertura de una central “obsoleta”. Inaugurada en los años 70 del pasado siglo, su tecnología, precisaron, es “mucho anterior” y el proceso de adaptarla con nuevos reactores, dijeron, “sería un proceso que se podría extender por una década, significando además un coste brutal, que tardaría lustros en amortizarse”. Además, señalaron que la energía nuclear no hace a España energéticamente independiente, ya que “se carece del tipo de uranio necesario para su funcionamiento”.

Los comuneros siguen apostando por las energías renovables, oponiéndose a grandes infraestructuras que crecen “sin orden ni sentido en Burgos y en el conjunto de Castilla y León”, con “el único objetivo de alimentar energéticamente a otras regiones, y pagando la ciudadanía de nuestra Comunidad la energía igual de cara que aquellas que son deficitarias en su producción”, concluyeron.