Operación contra el fraude de hidrocarburos en Ávila
El fraude colosal que inundó de carburante barato el mercado y escondía un arsenal de guerra en Ávila
Una red criminal defraudó cerca de 300 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos, uno de los mayores de los que hay constancia hasta la fecha: hay 8 detenidos y 10 investigados.
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Durante casi dos años, una organización criminal operó en el corazón del sector de los hidrocarburos con una doble vida. De cara al mercado, vendía gasolina y gasóleo a precios imbatibles. En la trastienda, eludía impuestos, blanqueaba millones de euros y acumulaba un patrimonio propio de grandes fortunas.
La operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha puesto fin a ese entramado, considerado uno de los mayores fraudes de IVA detectados hasta la fecha en este sector, con un perjuicio económico cercano a 300 millones de euros entre 2023 y 2024.
La investigación ha desembocado en la detención de ocho personas y la investigación de otras diez, presuntamente responsables de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. El golpe ha dejado al descubierto no solo el fraude fiscal, sino una estructura criminal compleja, con ramificaciones financieras y un inquietante componente armamentístico.
Carburante por debajo del precio real
El punto de partida se sitúa a comienzos de 2023, cuando la UDEF Central detectó movimientos económicos anómalos en empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos. Las primeras comprobaciones apuntaron a dos operadoras petrolíferas que incumplían de forma sistemática sus obligaciones fiscales, especialmente el impago del IVA.
Tras las primeras pesquisas, los investigadores concluyeron que ambas firmas no actuaban de manera independiente, sino como parte de una única organización criminal. Su ventaja competitiva era clara: podían vender carburante muy por debajo del precio real del mercado, e incluso a pérdidas, algo imposible para cualquier empresa que cumpliera con la normativa tributaria.
La clave estaba en no ingresar en la Agencia Tributaria el IVA repercutido y en incumplir la normativa sobre biocarburantes, evitando un pago compensatorio que habría supuesto otros 40 millones de euros. Ese doble fraude generaba un margen económico suficiente para inundar el mercado de carburante barato y provocar una fuerte distorsión en el sector.
Una red diseñada para durar
Lejos de tratarse de una operativa puntual, los investigadores constataron que la organización tenía vocación de continuidad. Contaba incluso con su propio depósito fiscal, una práctica poco habitual en el sector, donde lo normal es recurrir a empresas externas para el almacenamiento del combustible.
Con los beneficios obtenidos, los responsables del entramado crearon un segundo operador petrolífero y llegaron a impulsar un tercero. Este último fue finalmente dado de baja en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF), lo que impidió que siguiera extrayendo y vendiendo carburante y limitó el alcance del fraude en esa fase final.
Dos líderes y una estructura jerarquizada
La organización presentaba una estructura perfectamente jerarquizada, con dos socios en la cúspide. Bajo su mando operaban los directivos financieros, encargados de controlar las cuentas y la contabilidad empresarial. En los escalones inferiores se situaban trabajadores, muchos de los cuales desconocían la actividad delictiva que sostenía el negocio.
Fuera del organigrama formal, pero jugando un papel clave, estaban los testaferros. Personas seleccionadas para prestar su identidad y figurar como responsables de las obligaciones tributarias de las operadoras petrolíferas. Uno de ellos llegó a percibir retribuciones cercanas a los dos millones de euros por asumir ese riesgo.
Nueve registros y un patrimonio millonario
Una vez identificados todos los miembros de la red, el pasado 2 de diciembre se desplegó un amplio dispositivo policial con nueve entradas y registros simultáneos: siete domicilios en Madrid y Ávila y dos oficinas en la capital madrileña.
El balance del operativo es contundente. Los agentes intervinieron más de 130.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en unos dos millones de euros y activos financieros que superan los 14 millones. Además, se bloquearon cuentas con más de 12,5 millones de euros, 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama y 46 inmuebles con un valor superior a los cinco millones de euros.
El hallazgo más inquietante: armas y munición de guerra
Pero el registro que más sorprendió a los investigadores no estaba relacionado con el fraude fiscal. En una vivienda de Ávila, los agentes descubrieron un auténtico taller clandestino de armas. En su interior se localizaron 44 armas de fuego, algunas con el número de serie borrado y modificadas con silenciadores, además de munición de guerra.
El hallazgo se completó con un elemento especialmente llamativo: un vehículo bélico blindado con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior, un arsenal impropio incluso de organizaciones criminales dedicadas exclusivamente al fraude económico.
Un golpe sin precedentes
En total, el fraude de IVA cometido entre 2023 y 2024 asciende a casi 300 millones de euros, lo que convierte esta operación en la mayor actuación contra el crimen organizado conocida hasta ahora en este tipo de delitos. Un golpe que no solo ha sacado a la luz una de las mayores estafas fiscales del sector de los hidrocarburos, sino también la peligrosa deriva de una organización que, al amparo del negocio ilegal, había empezado a acumular poder, dinero y armas.