Que nuestros mayores puedan seguir viviendo en sus casas, en sus pueblos de siempre y con la tranquilidad de estar bien atendidos no es solo una cuestión de presupuestos, es dignidad.
De esta manera, la Junta de Castilla y León y las entidades locales de la Comunidad han escenificado este viernes un frente común para actualizar las cuentas de los Servicios Sociales y garantizar que los apoyos lleguen donde de verdad hacen falta.
La viceconsejera de Bienestar Social, Esperanza Vázquez, se ha sentado con responsables de las diputaciones y de los grandes ayuntamientos para cerrar una ampliación de 30 millones de euros para este ejercicio.
Mediante esta inversión, la partida global del Acuerdo Marco (2024-2027) roza ya la cifra récord de 780 millones de euros. Dos de cada tres euros de este nuevo paquete —20 millones en total— irán a parar directamente a la Ayuda a Domicilio.
Un balón de oxígeno crucial para que las familias del medio rural tengan el respaldo necesario para cuidar a sus dependientes sin verse obligadas a hacer las maletas o ingresar a sus mayores en una residencia antes de tiempo.
El acuerdo trae además un alivio muy esperado en los despachos de atención social: servirá para actualizar los sueldos de los profesionales del sector y contratar a más personal de valoración.
El objetivo no es otro que desatascar el papeleo y acortar los tiempos de espera cuando una persona solicita la dependencia.
A esto se sumará un refuerzo en los programas de Envejecimiento Activo de las diputaciones y más presupuesto para sostener los centros de día y las residencias municipales, demostrando que cuando las administraciones se entienden, quienes ganan son los vecinos más vulnerables.