La Junta de Castilla y León cerró 2024 con el mayor volumen de contratación administrativa de su historia: 1.487 millones de euros en 2.922 expedientes, un 12% más que el año anterior. La cifra supera por un millón el anterior máximo, el de 2006, justo antes de la crisis.
El Consejo de Cuentas, presidido por Mario Amilivia, confirma el récord, pero también señala irregularidades en decenas de contratos.
La Gerencia Regional de Salud concentró la mayor parte de la actividad: 1.055 contratos por 892 millones. Le sigue la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, con 138 millones. Por tipo, dominan los contratos de servicios (836 millones), seguidos de suministros (390) y obras (256).
El procedimiento abierto y la tramitación ordinaria fueron los más utilizados. El informe de fiscalización concluye que la Administración cumple de forma razonable con la legalidad en publicidad, transparencia, remisión de contratos y tramitación.
Incidencias
Sin embargo, la muestra analizada −150 expedientes por casi 500 millones− revela salvedades repetidas.
Entre las más frecuentes está la incorrecta definición en los pliegos de los parámetros para detectar ofertas anormalmente bajas: ocurrió en 29 contratos. También hay deficiencias en la justificación de urgencias, en la solvencia exigida y en la ponderación de criterios de adjudicación.
En un caso se aprecian indicios de posible acuerdo entre empresas para limitar la competencia. En la ejecución, el problema más extendido es la falta de control de las cláusulas sociales, éticas o medioambientales: en 56 expedientes no hay mecanismos de comprobación o no queda constancia de las verificaciones.
Se detectaron además retrasos injustificados, falta de penalidades y anticipos abonados sin los requisitos legales. En la extinción, 12 contratos carecen de acta de recepción correcta o en plazo. Otros incumplimientos puntuales afectan a la publicación de informes de valoración, anuncios de adjudicación y modificaciones.
El Consejo formula 14 recomendaciones para corregir estas deficiencias y reforzar el control de los procedimientos. El informe, ya remitido a las Cortes, se publicará en los próximos días en la web del Consejo de Cuentas.