El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Rubén Cacho / ICAL.

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Castilla y León pide al Gobierno que las ayudas por los incendios forestales no tributen en el IRPF ni en Sociedades

Una medida que ya se puso en marcha con los afectados por la DANA en Valencia.

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La Junta de Castilla y León acordó este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno, instar al Ejecutivo central a establecer la exención tributaria de las ayudas destinadas a los afectados por los incendios forestales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto de Sociedades.

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, y el portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicaron en una comparecencia conjunta que esta petición pretende evitar que los beneficiarios de las ayudas aprobadas por la Administración autonómica tengan que tributar por unas subvenciones destinadas a paliar los daños ocasionados por los incendios registrados en provincias como Ávila, Segovia y León.

Blanco señaló que el objetivo es que estas ayudas cumplan íntegramente su finalidad reparadora.

Como ejemplo, indicó que una persona que reciba hasta 185.000 euros para reconstruir su vivienda, destruida por el fuego, no debería verse obligada a pagar impuestos por esa cantidad.

La solicitud de la Junta también se extiende a otras líneas de apoyo económico, como las ayudas directas de 5.500 euros dirigidas a empresas, autónomos, agricultores y ganaderos afectados por los incendios, según precisó Fernández Carriedo.

El consejero recordó que el Gobierno central ya aplicó una exención similar a las ayudas concedidas para la recuperación de viviendas afectadas por la DANA en la provincia de Valencia.

Por ello, consideró que el Ejecutivo dispone de mecanismos legales para adoptar una medida equivalente, como la aprobación de un decreto-ley.

Asimismo, Fernández Carriedo explicó que la Junta ya trasladó esta petición al Ministerio de Hacienda en dos ocasiones durante el pasado año, al considerar que existía margen para realizar una "interpretación favorable" de la normativa vigente que evitara gravar estas ayudas. Sin embargo, lamentó que el Gobierno no atendiera dicha solicitud.

El portavoz del Ejecutivo autonómico insistió en que estas subvenciones tienen como finalidad restituir cuanto antes los bienes dañados a su estado original y no generar un incremento patrimonial para sus beneficiarios.

En este sentido, recordó que algunas ayudas, como las destinadas a la vivienda habitual, ya disfrutan de exención fiscal, aunque muchas otras vinculadas a segundas residencias u otros bienes siguen sujetas a tributación, motivo por el que la Junta reclama una modificación normativa que amplíe esta exención.