El Grupo Popular ha sacado adelante en el pleno de las Cortes de Castilla y León de este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno que frene el incremento del coste de basuras. Una iniciativa que ha contado con el apoyo de 51 procuradores y con el rechazo de 29 representantes de la Cámara.

La iniciativa de los populares insta a la Junta a dirigirse al Gobierno para que ponga fin a la obligatoriedad impuesta por la Ley 7/2022 de establecer una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, que repercuta el 100% del coste de la gestión de residuos urbanos en los ciudadanos.

También a impulsar la reforma de la Ley 7/2022 para garantizar "el respeto a la autonomía local y la potestad tributaria local, un sistema flexible de financiación que permita a los ayuntamientos cubrir el servicio con cargo a sus presupuestos o mediante modelos mixtos, la incorporación de incentivos al reciclaje y la economía circular, en lugar de penalizaciones indiscriminadas y la posibilidad de bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos.

Además, insta al Gobierno a que "paralice cualquier medida que suponga nuevas subidas de impuestos o cotizaciones a trabajadores, familias o autónomos, en tanto no se garantice un sistema fiscal justo y sostenible" y a que elabore un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos, en coordinación con las comunidades autónomas y las federaciones de municipios y provincias, que permita mejorar los sistemas locales de recogida y tratamiento de residuos, "sin trasladar todo el coste a los ciudadanos".

La procuradora popular Mercedes Cófreces ha sido la encargada de presentar la PNL de los populares y ha recordado que "la nueva tasa de basuras no es una obligación de Bruselas, es una elección política del Gobierno socialista". "Es una subida de impuestos más que se suma al centenar de subidas que ha impuesto ya el Ejecutivo", ha denunciado.