“Una ley pionera, importante y demandada por las personas con discapacidad y sus familias”, así ha definido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, el proyecto de Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad en Castilla y León, que se remitirá a las Cortes para su tramitación que se espera entre en funcionamiento para finales de año.

Según los datos ofrecidos por la consejera durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de esta ley se beneficiarán las 175.000 personas con discapacidad, un 7,4% de la población total, y a sus familias. 99.000 personas sufren problemas físicos, 30.000 mentales, 20.000 intelectuales, 12.400 visual y 12.500 auditivos, “por lo tanto la ley era importante y ha sido consensuada por las entidades del tercer sector”, ha señalado.

Una ley que según Blanco, “viene a poner en el centro de todas las actuaciones a las personas con discapacidad y cuyo eje es el proyecto de vida. Pasamos de un modelo donde se presta una atención sociosanitaria a que las personas con discapacidad decidan los apoyos que necesitan en cada momento de su vida”, con el objetivo de “garantizar las transiciones del paso de unas edades a otras” y aquí ha puesto de ejemplo esos tránsitos en el modelo educativo o en la vida profesional. La intención de esta nueva normativa es que las personas con discapacidad y sus familias tengan la seguridad que con el paso del tiempo seguirán siendo atendidas por la administración. “Ahora todo esto se garantiza por ley”, ha afirmado.

“Son muchas las familias que tienen preocupación de saber qué pasará con los familiares que padecen una discapacidad cuando ellos no estén”, ha puesto sobre la mesa la consejera, “pues esta ley viene para asegurar esta prestación”. De tal modo, ha puesto de ejemplo que una familia que tiene a un familiar en un centro con discapacidad puede tener “la garantía de que esa persona seguirá en el centro de discapacidad, garantizar por ley, y que tendrán los apoyos necesitados aunque ya no estén”.

Capacidad jurídica

Además, el segundo pilar del Proyecto de ley y regulado en el mismo Título es el apoyo y la asistencia al ejercicio con garantías de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Siguiendo lo establecido en la normativa estatal, se pondrá en marcha un servicio que incluye asistencia o acompañamientos a la hora de llevar a cabo actos en los que el ciudadano deba hacer constar su voluntad jurídica como persona física. Todo ello muy enfocado a respetar el proceso de toma de sus propias decisiones.

Finalmente, el texto regula otras situaciones en las que este colectivo necesita apoyos, como la promoción de la igualdad efectiva, la prevención de la violencia y malos tratos hacia las personas con discapacidad y también contra su explotación.