En los últimos días una nueva polémica se ha apoderado de la opinión pública. Varias informaciones acusaban al Gobierno de España de derribar varios embalses y presas repartidos por la geografía española en medio de una situación de sequía. Dos de ellas están en Castilla y León: la de Anllarinos en León y Yecla en Salamanca. Sin embargo, el Ejecutivo nacional no ha dudado en salir al paso para aclarar algunos bulos que se han vertido.

En un hilo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico han querido desplegar una serie de cuestiones aclaratorias para tratar de zanjar un tema que ha dejado varias dudas entre la ciudadanía en un momento de plena sequía. El Ministerio dirigido por Teresa Ribera ha comenzado su explicación en primer lugar "transparencia y responsabilidad informativa", algo que es un "pilar democrático".

Por eso, su primer mensaje ha sido claro y conciso: "El Gobierno no ha eliminado ningún obstáculo fluvial que fuera útil para abastecimiento", han asegurado. Para tratar de arrojar luz sobre este hecho, sí han reconocido que se han derribado algunas infraestructuras que han calificado de "obstáculos fluviales sin utilidad".

En este sentido, matizan que la "práctica totalidad" de los eliminados se trata de azudes construidos hace décadas y que en estos momentos están eliminados. Además, recalcan que derribar 200 presas y embalses en pocos años es "imposible".

Respecto a las dos presas que han tirado abajo en Castilla y León, las han calificado como "casos excepcionales", al tiempo que han aclarado que son "pequeñas construcciones" que no suministran agua para ninguna actividad y que son "peligrosas o inviablemente económicas".

Aseguran que estas pequeñas barreras fluviales, que son "prescindibles", quitan "más agua de la que dan", impidiendo que llegue a poblaciones, otros ríos u otros ecosistemas, así como que suponen un "riesgo" ante inundaciones y avenidas. 

Es más, recuerdan que este tipo de actuaciones están enmarcadas dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que se inició en 2005 y que el año pasado sufrió un impulso presupuestario con 2.500 millones hasta el año 2030. El objetivo no es otro que "restaurar 3.000 kilómetros de ríos españoles" entre el pasado año y hasta 2030.