50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, es decir, el famoso Sareb, se van a movilizar por el Gobierno para alquiler asequible. El anuncio sorprendente por parte del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, es una medida que será aprobada el próximo martes por el Consejo de Ministros, pero que en Castilla y León ha generado muchas dudas, se ve "complicada" de poner en marcha y se lamenta que "una vez más" no se haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas para aprobar un proyecto de ley, que serán posteriormente las encargadas de gestionarlo, como está ocurriendo con varias materias, por ejemplo el bono joven de alquiler.

Según anunció el presidente, cual conejo que se saca de la chistera, 21.000 viviendas de la Sareb, que hace años se le consideró el ‘banco’ malo’, van a ser ofrecidas por el Gobierno a municipios y comunidades autónomas para impulsar el alquiler social. ¿Cuántas viviendas posee la Sareb en Castilla y León? Pues según la información que consta en la propia página web de la entidad, es de 2.794 viviendas, eso sí, distribuidos de una manera muy dispar.

La que más posee es la provincia de Valladolid, con 672 viviendas. La segunda posición es para León, con 523, mientras que el tercer puesto es para Ávila, con 384. Con 353 se encuentra Salamanca, Segovia, con 323 y de Burgos, con 310. Ya muy lejos se sitúa Soria con 106, y por debajo de la centena, Zamora con 79 y Palencia con 80. Para conocerlo con mayor profundidad, incluso por municipios, es tan fácil como entrar en su web y consultar el total de inmuebles que la Sareb posee en los distintos municipios de la Comunidad.

El problema, como advierten desde el Sareb, es que estas viviendas pueden encontrarse en diferentes situaciones: en comercialización, en proceso de adecuación, cedidas a administraciones públicas para alquileres sociales, con habitantes, o incluso en solo esqueleto. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio han mostrado su asombro con este anuncio ya que consideran que “muchas” de las viviendas anunciadas y que forman parte de ese parque no son válidas para alquiler social. Muchas no están terminadas y otras en esqueletos porque se abandonaron. Por este motivo, lo principal es saber ahora cuántas de esas casi 3.000 viviendas son habitables. La Sareb también incluye promociones paradas, terrenos y nuevas promociones inmobiliarias.

La Junta de Castilla y León asegura conocer bien este mercado en el que llevan trabajando "bastante tiempo", y que es una medida "complicada de poner en marcha" y que no se ha puesto en conocimiento de las comunidades. Por ejemplo, en diciembre del pasado año, se adquirieron 10 viviendas para incorporarlas al parque público de vivienda y destinarlas al alquiler o en régimen de cesión de uso. El coste de la operación ascendió a 747.150 euros, aportados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Además, Mañueco anunció recientemente anunció la adquisición directa de más de 150 viviendas en cuatro años a la Sareb. "Es complicado, hasta ahora no nos han regalado ninguna", aseguran.

Ley de vivienda

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha dirigido hoy por carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la que instó a la “urgente convocatoria” de la Conferencia Sectorial de Vivienda para tratar el recién aprobado proyecto de Ley de Vivienda, que al igual que ocurre con esta medida del Sareb creen que se debería haber consultado con las comunidades.

Suárez-Quiñones ha expresado su malestar por tener conocimiento los consejeros autonómicos de “esta importante iniciativa legislativa” únicamente a través de los medios de comunicación, “máxime siendo una materia en la que, junto a su indudable trascendencia social, concurre la circunstancia, no menor, de que es de exclusiva competencia autonómica”.

La Junta de Castilla y León ha tenido constancia de que otras comunidades autónomas también se ha sumado a la demanda de información y se han dirigido al Gobierno central para reclamar la celebración urgente de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, entre ellas la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía o el Gobierno de la Región de Murcia.