La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado al Patronato de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales para votar las diferentes medidas que integran el plan de viabilidad realizado por el departamento que dirige Veganzones, que permite al Serla reducir costes superfluos y ajustar la financiación a la gestión de los conflictos colectivos y con el que se garantiza la continuidad de la Fundación. 

Sin embargo, solo los miembros de la Junta de Castilla y León han votado a favor de la financiación por parte de la administración de la actividad de mediación y arbitraje que realiza el Serla, que, tal y como se anticipó a los agentes sociales el pasado miércoles, será de 400.000 euros, reduciendo en un 60 % el presupuesto del ejercicio anterior.

Del mismo modo, se ha aprobado por mayoría, siendo los votantes de la Administración los únicos que han votado a favor, la solicitud a los miembros del Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASACL) de que renuncien a los conflictos laborales individuales para que así vuelvan a ser gestionados por la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid, con el fin de evitar el sobrecoste de este servicio a los ciudadanos y eliminar las distinciones territoriales.

Asimismo, se ha aprobado solicitar a los miembros del ASACL, como parte del ahorro para la continuidad del Serla, reducir la intervención de los mediadores a un único miembro por conflicto, así como la cuantía de la retribución que perciben por atender las necesidades de cada conflicto.

La reacción de los sindicatos

La reacción de los sindicatos no se ha hecho mucho esperar. 

CCOO ha asegurado que, desde su punto de vista, Veganzones ha hecho "el ridículo más espantoso al verse obligado a retirar la mayoría de los puntos del orden del día del Patronato de la Fundación Serla, por incumplimiento de lo legalmente establecido", aclarando, además, que "se ha reservado el derecho a hacer una aportación económica que considere oportuna y que no ha cuantificado". Una decisión que al sindicato "no le parece una propuesta seria". 

Por ello, exigen "una partida adecuada y suficiente para que el Serla gestione, tramite y conozca todos los conflictos colectivos e individuales en la comunidad autónoma", ha añadido incidiendo, además, en que tanto patronal como sindicatos han votado en contra de la Administración Autonómica defendiendo, en todo momento, la continuidad del Serla y el cumplimiento de los acuerdos.

Tal y como informa la Agencia ICAL, por su parte, el secretario de Acción Sindical y del Diálogo Social de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha adoptado una postura todavía aún más dura al definir la reunión como "el acto más antidemocrático y más loco de la historia de la democracia de Castilla y León". 

“Sindicatos y patronal hemos presenciado la mayor vergüenza política y el mayor ataque a la democracia”, ha apostillado, asegurando también que para él "el resultado de la votación no se sustenta jurídicamente ni será viable procesalmente”. 

“Vox ha ejecutado la parte más antidemocrática y el PP lo ha permitido con esta coalición que está llevando al desastre a los ciudadanos”, ha concluido. 

CEOE-CyL lamenta la falta de "consenso"

En declaraciones a la Agencia ICAL, el presidente de la institución representante del empresariado de la Comunidad ha tratado de defender el voto en contra de sus dos representantes en el Patronato asegurando que, aunque los ocho puntos de la propuesta de la Consejería se han votado por separado, ya se advirtió de que “era un bloque cerrado y si no aceptábamos uno de los puntos, no aceptábamos la propuesta en su conjunto”.

“No había capacidad de negociar nada”, ha lamentado Aparicio, que también ha reconocido haberse quedado “chafado” por no haber logrado un acuerdo en algunos de los puntos propuestos. 

Pese a ello, el presidente de CEOE-CyL ha aclarado que la votación de hoy “no quiere decir que tengamos las puertas cerradas para seguir hablando” en otras materias con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo para “llegar a acuerdos en beneficio de las empresas y trabajadores de Castilla y León”.