Tal y como ha dado a conocer la Junta de Castilla y León, la aportación de la Comunidad al endeudamiento global de las autonomías españolas continúa siendo limitada, pues, al finalizar el 2022, esta suponía un 4,2% de total, lo que equivale a 316.937 millones de euros.

El 31 de diciembre de 2022, Castilla y León sumaba 13.322 millones de euros de pasivo, una cantidad que representa el 20,8 % de su Producto Interior Bruto y que le ha permitido mantenerse en el octavo puesto de la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Madrid, País Vasco, Canarias, Navarra, Asturias, La Rioja y Galicia.

De este modo, la comparativa interanual prueba que Castilla y León ha disminuido en casi dos puntos porcentuales de PIB el peso de su nivel de endeudamiento en los últimos 12 meses, pues ha pasado de un 22,7 % en diciembre 2021, al 20,8 % en diciembre 2022.

Así, el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 268,9 millones de euros, así como el denominado ‘factoring sin recurso’, créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras, que apunta 7,6 millones de euros y el endeudamiento relativo a proyectos de colaboración por 256 millones de euros.

Además, según el análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León revela que el mayor prestamista concierne a las emisiones de deuda pública, las cuales representan el 26,8 %, con 3.570,7 millones de euros; mientras que, en segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 2.157,5 millones de euros, un 16,2% que corresponde a préstamos concertados en 2015 y 2020.

Como tercer prestamista figuran entidades financieras multilaterales como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.334,7 millones de euros, lo que equivale a un 10 % de la deuda de la Comunidad.

El 96,4 % del endeudamiento de la Comunidad corresponde a la Administración General y el 3,6% a universidades, entes públicos de derecho privado, organismos autónomos y empresas públicas, entre otros.

En relación a los plazos de vencimiento, el 99,5% de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, y el 0,5 % firmada a corto. El 78,7 % está concertado a tipo de interés fijo y el 21,3 % a variable. Un reparto que, según la Junta, permite mitigar el efecto de subidas del Euríbor.

Por último, cabe destacar que el Banco de España establece que la deuda de las empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010 es de 2.736 millones de euros, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional, por lo que, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría al 24,1 %, frente al 20,8 % de Castilla y León, una posición que, tal y como ha incidido la Junta, prueba la responsabilidad de la Administración a la hora de utilizar esta fórmula de financiación.