La okupación es uno de los temas que más pesadillas traen a la Administración. El foco mediático en el que se ha convertido este asunto ha hecho que sea uno de los principales temas a tratar por los políticos de nuestro país, provocando serios enfrentamientos ideológicos entre unos y otros. Durante el 2022, según los datos aportados por el Ministerio del Interior al portal inmobiliario de Idealista, en Castilla y León esta práctica ilegal descendió más del 3%. No obstante, desde la cartera dirigida por Grande-Marlaska aclaran que no se discrimina entre allanamiento y usurpación en esta estadística.

En concreto, en nuestra Comunidad existen varias diferencias entre las provincias, principalmente con Valladolid. La provincia del Pisuerga se sitúa en el puesto número uno del podio de Castilla y León. Según los datos difundidos por Idealista, durante el periodo del primer semestre de 2022 se registraron hasta 77 viviendas okupadas, lo que supone un aumento del 30,51% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, donde había registradas 59.

La medalla de plata, aunque con una gran diferencia, está Burgos, donde se contabilizan hasta 24 viviendas okupadas. Esto se traduce en un descenso del 17,24% con respecto al 2021, cuando se registraron un total de 29 en la provincia burgalesa.

Finalmente, el podio, pero con muy poca diferencia con el cuarto puesto, lo completa León, que a pesar de descender un 15% la okupación, tiene hasta 17 viviendas okupadas, frente a las 20 del ejercicio anterior a los datos.

Salamanca, que no ha sufrido variación, y Segovia siguen a León con 16 viviendas. En el caso de la segunda la okupación descendió un 5,88%.

Después están Ávila y Palencia, que contabilizan 10 viviendas okupadas. La segunda de estas es la que registra el mayor descenso, con cerca del 50% menos que en 2021. Por su parte, la provincia abulense sufrió un descenso de más del 16%.

La clasificación de Castilla y León la cierra Soria, pero lo hace de una manera significativa, ya que, a pesar de ser la provincia con menos viviendas okupadas, es la que ha sufrido el incremento más notable: hasta el 200%. Esto se debe porque en el periodo del primer semestre de 2021 tan solo había registrada una vivienda afectada por esta actividad ilegal, mientras que en el mismo del siguiente año se registraron tres.