La 'guerra' antiabortista en Castilla y León, que se ha convertido en el principal tema de conversación a nivel nacional, continúa dejando diversas manifestaciones desde distintas índoles de la sociedad. La sección de Servicios Públicos de UGT Castilla y León ha exigido al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que actúe y que "no deje que la ideología de sus socios de gobierno usurpe sus funciones", al mismo tiempo que le ha pedido que si "no puede o quiere, que se vaya".

Igualmente, ha aprovechado también para cargar duramente contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de "utilizar la sanidad pública de la Comunidad para verter una ideología regresiva en los derechos sociales conseguidos, que atenta contra las mujeres y pone en riesgo y en duda el buen hacer y la profesionalidad del personal sanitario". 

El secretario autonómico de sanidad del sindicato, Miguel Holguín, ha subrayado que Mañueco "ha levantado esta cortina de humo para tapar el trampantojo de sus listas de espera y la falta de iniciativas por parte de la Consejería para solucionar los problemas que van matando poco a poco nuestra sanidad pública".

Desde el sindicato han hecho hincapié en el "desconocimiento demostrado por todos los responsables autonómicos del mundo sanitario y del día a día de todos los niveles asistenciales" al "poner en duda" la atención integral que reciben las mujeres embarazadas en el Sacyl por parte de los profesionales y pretender que estos "influyan sobre las decisiones que, razonada y personalmente, tomen las mujeres respecto a su situación".

No obstante, Holguín ha recordado que lo que "debería preocupar" es que el hecho de que en Castilla y León "solo sean dos hospitales los que llevan a cabo Interrupciones Voluntarias del Embarazado", remarcando que todo ello se da "a pesar de ser un derecho reconocido por la ley". "Se está obligando a la mujer que libremente decide abortar a recurrir a la sanidad privada o al peregrinaje entre provincias y comunidades". 

También han aprovechado el escrito para denunciar el "silencio atronador" de las Organizaciones Colegiales Médicas antes estas medidas que "podrían abocar" a ginecólogas y ginecólogos de la Comunidad a un embrollo jurídico". "Si la cercanía ideológica de Villarig a esta mentalidad retrógrada o bien sus negociaciones con el consejero Vázquez son la mordaza para que ningún Colegio de Médicos haya salido a defender a los profesionales", han explicado.

Por último, han retado al consejero de Sanidad a "elegir entre ser colaboracionista del machismo fascista o a dirigir la Consejería con criterios técnicos y clínicos que protejan a los sanitarios y que aseguren una sanidad de calidad".