El pasado 27 de octubre, durante la presentación del proyecto de presupuestos autonómicos para 2023, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, destacó una medida por encima de todas las demás: la reducción de impuestos para las familias numerosas de la Comunidad. En concreto, se trataba de la eliminación del tramo autonómico del IRPF para las familias que tuvieran más de tres hijos, una iniciativa que García-Gallardo definió como "sin precedentes" en España.

Durante las dos semanas siguientes, la oposición comenzó a criticar que la medida anunciada a bombo y platillo por el vicepresidente no formaba parte del borrador de los presupuestos que se les había entregado. Especialmente crítico fue el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que aseguró que la medida "no existía" y que los presupuestos eran "una mentira", aseveración a la que se sumó también el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández.

Este lunes, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, disipó las dudas sobre esta medida. El también portavoz de la Junta confirmó de forma rotunda en una comparecencia en las Cortes que la anunciada bonificación del IRPF a familias numerosas entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Una medida inspirada por las políticas de natalidad defendidas por Vox, que de nuevo impone su criterio en los presupuestos, y que toman como ejemplo las iniciativas emprendidas en un país europeo que es referente para la formación: Hungría.

El modelo húngaro

El Gobierno de Hungría, dirigido desde 2010 por Viktor Orbán, ha sido referente de Vox desde su fundación. El Ejecutivo húngaro se ha caracterizado por llevar a cabo políticas conservadoras en cuestiones sociales y morales, por su proteccionismo económico y por sus políticas restrictivas con respecto a la inmigración, cuestiones con las que Vox coincide plenamente. Pero la formación de Santiago Abascal siempre ha destacado una iniciativa de Orbán entre todas las demás: su política de natalidad.

El Gobierno de la Unión Cívica Húngara (Fidesz) emprendió desde su llegada al poder una fuerte defensa de la familia y de la natalidad como método para enfrentar los problemas demográficos causados por el envejecimiento de la población –ya que se opone a fomentar la inmigración para combatir esta problemática– y en febrero de 2019 impulsó un plan muy similar al que ahora se quiere llevar a cabo en Castilla y León.

El presidente húngaro presentó el 'Plan de Protección a la Familia' que incluía la exención total del pago del impuesto de la renta durante el resto de su vida a todas las familias que tuvieran al menos cuatro hijos. Una medida que tendrá su eco en la Comunidad a partir de enero del año que viene. Además, aquel plan contemplaba otras iniciativas como conceder ayudas a aquellas familias que desearan comprar coches más grandes para que cupiesen los niños o préstamos preferentes para comprar una vivienda para aquellas familias que tuvieran al menos dos hijos, entre otras.

El eco de las políticas de Orbán llega a Castilla y León

El pasado 27 de octubre, el vicepresidente García-Gallardo, que nunca ha ocultado su admiración por los Gobiernos de Hungría y Polonia, confirmó el traslado de esas políticas de Orbán, en una versión autonómica y con competencias más limitadas, a Castilla y León. García-Gallardo anunció a bombo y platillo un incremento del 20% en la deducción del tramo autonómico del IRPF para las familias numerosas de la región.

Un medida que, según el vicepresidente, beneficiaría "a 31.000 familias" de Castilla y León que, a partir de la entrada en vigor de la medida, no volviera a pagar "ni un euro" del tramo autonómico del IRPF en la Comunidad. García-Gallardo justificó la necesidad de la medida por el aumento de la inflación, el incremento del IPC y los elevados costes energéticos que hacían, a su juicio, necesario ese incremento de las deducciones fiscales.

El vicepresidente presumió tras el anuncio de la medida de que se trataba de una iniciativa "sin precedentes" en España y aseguró que Castilla y León se convertía así en el "líder indiscutible" en las políticas de natalidad y en la "defensa de la familia" dentro del conjunto del país. Políticas que, a juicio del vicepresidente, cuentan con una importancia crucial ante la acuciante despoblación, la elevada tasa de envejecimiento y el descenso de la natalidad en la región.

En vigor el 1 de enero de 2023 y aprobación por enmiendas

Después de dos semanas de incertidumbre acerca de la medida, cuya existencia negaban varias formaciones de la oposición al consultar el ejemplar de los presupuestos que les había sido entregado, este lunes el Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, disipaba las dudas. El también portavoz de la Junta confirmaba que la medida entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Carriedo explicaba que, a pesar de no plasmarse de forma explícita en las cuentas, existían tres vías para impulsar esa bonificación del tramo autonómico del IRPF para las familias numerosas de la región: mediante una ley propia, con una ley de acompañamiento a los presupuestos o a través de la vía parlamentaria, que será la finalmente escogida, a través de la presentación de enmiendas en este sentido.

Una medida que, tras su entrada en vigor en el mes de enero, trasladará las políticas de natalidad impulsadas por Viktor Orbán en Hungría a Castilla y León en lo que supone una victoria más de Vox a la hora de hacer penetrar sus postulados en la ejecutoria del Gobierno de coalición con el Partido Popular.