La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, no cesa en su batalla por conseguir una EBAU única en las pruebas de acceso a la Universidad. Una postura que ha vuelto a mostrar durante la Conferencia Sectorial de Educación de este miércoles y que se ha celebrado de manera telemática.

Una reunión en el que se ha debatido con la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, el nuevo modelo de acceso a los estudios universitarios, sobre los cuales Lucas ha mostrado su "disconformidad", al considerar que por el hecho de no ser una prueba única, el sistema seguirá siendo "injusto". La consejera ha defendido que "no puede haber 17 pruebas distintas" para un único distrito universitario y con este sistema cada comunidad autónoma diseña su propia prueba con diferente estructura y "disparidad" en los criterios a la hora de corregir.

En este sentido, Rocío Lucas ha acusado al Gobierno de que "no se estén escuchando las propuestas" de la Comunidad dirigidas a la realización de una prueba única y ha advertido al Ministerio de que en caso de seguir con dicha "actitud", Castilla y León se desvinculará de un sistema que consideran "injusto".

Tampoco ha cordado Lucas con la evaluación del alumnado propuesto por Alegría, al considerar que existe una "falta de objetividad" en la prueba y creer que esto traerá "consecuencias" para la igualdad de oportunidades a la hora de entrar a la universidad. En última instancia, el ejecutivo autonómico piensa que el modelo propuesto "limita las competencias" de los centros de estudios universitarios.

En otro orden de cosas, también ha sido objeto de debate la implantación de la normativa que obliga a integrar a los profesores técnicos de FP en el sector de docentes de Enseñanza Secundaria.

Una medida que para llevarse a cabo según Rocío Lucas es "necesario" que el Ministerio aporte financieramente, ya que es una normativa "impuesta" y esto supone un "alto coste" para las comunidades autónomas. Además, la consejera ha aclarado que la norma establece que el incremento de las nóminas deberá de aplicarse desde el mes de enero de 2021, lo que "imposibilita" la solución de Pilar Alegría a implantar dicha medida más adelante, al "no ser viable".