La actual comunidad autónoma de Castilla y León está compuesta por dos regiones históricas: Castilla la Vieja –exceptuando las provincias de Santander y Logroño– y la Región Leonesa. Una autonomía que fue la última en configurarse y cuyo Estatuto fue el último en aprobarse, en febrero de 1983, precisamente debido a las complicaciones que generó la heterogeneidad de sensibilidades regionales y provinciales existentes en la nueva comunidad autónoma.

Estas dos regiones históricas tienen su origen primigenio en los reinos medievales de Castilla y de León, que protagonizaron la Reconquista de la Península Ibérica tras la invasión musulmana, y que dieron lugar posteriormente a la Corona de Castilla, fundadora de España tras su fusión con la Corona de Aragón, en el siglo XV. Pero su configuración como regiones delimitadas no llegaría hasta cuatro centurias después y se vincularía a un nombre propio: Javier de Burgos.

La división provincial de Javier de Burgos en 1833

El 30 de noviembre de 1833, el recién nombrado ministro de Fomento General del Reino, Javier de Burgos, impulsó una división territorial de España en provincias que, prácticamente sin cambios, se mantiene hasta la actualidad. Esa misma división configuró una serie de regiones que tenían, sobre todo, un cariz cultural ya que no contaban con instituciones propias ni funciones administrativas y no había ningún ente administrativo por encima de la Diputación Provincial.

En lo que concierne a las dos regiones fundadoras de Castilla y León, el decreto que consagró esa división provincial detallaba que Castilla la Vieja se dividía en ocho provincias: Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Logroño y Santander. Por su parte, detallaba que la Región Leonesa estaba conformada por las provincias de León, Zamora y Salamanca.

Durante el período del conocido como Sexenio Revolucionario, entre 1868 y 1874, un grupo de republicanos federalistas impulsó la idea de crear, dentro de un Estado federal español, una Federación Castellana. En 1873, como parte de un Proyecto de Constitución Federal, se detalló que esa Federación hubiera unificado a ambas regiones históricas ya que hubiera englobado a las provincias de Valladolid, Zamora, Soria, Segovia, Santander, Salamanca, Burgos, León, Logroño y Palencia. El derrumbamiento de la I República, en 1874, provocó que cayera en saco roto esta idea.

Pero las ansias federalistas no cesaron, aunque no alcanzaron los resultados esperados. En el mes de mayo de 1883 tuvo lugar la aprobación de la Constitución Federal de Toro que consagraba la unión entre Valladolid, Zamora y León en un hipotética federación dentro de una República federal. Ese mismo año, se impulsó una Constitución en sentido federalista también en La Rioja. Pero estos proyectos nunca terminarían de llevarse a la práctica.

El intento de Mancomunidad Castellana

En 1914 llegaría el siguiente intento de configurar un ente unificado entre varias provincias de la actual Castilla y León. En diciembre de 1913, el rey Alfonso XIII había impulsado un Real Decreto de Mancomunidades que permitía a varias provincias agruparse a nivel administrativo, aunque sin atribuciones políticas.

Las provincias de Castilla La Vieja y la Región Leonesa intentaron constituir una Mancomunidad Castellana pero el intento fue fallido y el nuevo ente no prosperó. Especialmente importantes en ese proceso fueron las conocidas como Bases de Castilla, del año 1919, que intentaban sentar los pilares de esa futura Mancomunidad. Finalmente, solo las cuatro provincias catalanas hicieron uso de las prerrogativas que concedía ese Decreto de diciembre de 1913 y se constituyeron en Mancomunidad Catalana.

II República: la ilusión autonomista

La Constitución de la II República, del año 1931, permitía a las regiones convertirse por primera vez en entes autónomos, y en Castilla la Vieja se llevaron a cabo varios proyectos autonomistas que no llegarían a buen puerto. 

Con todo, algunas iniciativas para dar más responsabilidades administrativas a las regiones si que tuvieron resultados. En 1933, la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales plasmaba entre sus artículos que Castilla la Vieja era una de las regiones que tenían derecho a nombrar un vocal para este Tribunal. Además, esa misma ley consagraba la conformación de Castilla la Vieja por las provincias de Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Ávila, Burgos, Logroño y Palencia. El vocal escogido finalmente por la región fue Pedro Jesús García.

A principios de 1936, algunos diputados conservadores de los partidos Acción Popular y Partido Agrario pretendieron impulsar un Estatuto de Autonomía para Castilla, siguiendo la estela de los ya aprobados para Cataluña, País Vasco y Galicia. El estallido de la Guerra Civil, en el mes de julio, acabaría con estas pretensiones autonomistas.

Dictadura franquista: vuelta al centralismo

Durante el período de la dictadura franquista, iniciado el 1 de abril de 1939 tras la victoria de Francisco Franco en la Guerra Civil, tanto Castilla la Vieja como la Región Leonesa continuaron siendo reconocidas como regiones de España a nivel cultural, pero no gozaron de ningún tipo de función administrativa ni política, por el carácter fuertemente centralizado del nuevo Estado.

Se mantuvo, pues, la división provincial impulsada por Javier de Burgos en 1833, centrada en las diputaciones provinciales y en la figura del gobernador civil como representante del Gobierno en cada una de las provincias. 

No sería hasta los últimos años de la dictadura, concretamente en julio de 1971, cuando se iniciaron una serie de iniciativas impulsadas por los presidentes de las diputaciones de Segovia, Palencia, León y Burgos para estudiar llevar a cabo proyectos interprovinciales comunes. En concreto, estos proyectos versaban sobre la interconexión de las redes de carreteras, un plan turístico común, aspectos sanitarios y de atención a la discapacidad, y se recuperó la idea de configurar una Mancomunidad Castellano-Leonesa.

Regreso de la democracia: la creación de Castilla y León

Tras morir el dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, y aprobarse posteriormente la Constitución Española, el 6 de diciembre de 1978, se abrió camino a la configuración del Estado autonómico en España. La nueva Carta Magna, en su artículo segundo, consagraba el "derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones" y las regiones del país comenzaron a llevar a cabo procesos autonómicos que culminaron en la aprobación de Estatutos de Autonomía, como norma institucional básica de cada una de ellas.

Castilla y León no fue una excepción, aunque el proceso fue especialmente complejo debido a las dificultades por su extensión y por el hecho de albergar dos regiones históricas en su seno. Dos de las antiguas provincias de Castilla la Vieja, Santander y Logroño, decidieron impulsar sus propios procesos autonómicos y configurarse en autonomías uniprovinciales, las actuales Cantabria y La Rioja. Quedaban por tanto las tres provincias de la Región Leonesa: León, Zamora y Salamanca, y las seis que permanecían en Castilla la Vieja, menos las dos ya mencionadas: Palencia, Valladolid, Segovia, Ávila, Burgos y Soria. Pero las complicaciones no terminarían aquí.

En julio de 1981 la Diputación de Segovia inició el proceso para constituirse en una comunidad autónoma propia y de los 210 municipios de la provincia, 178 se mostraron favorables a esta decisión. Pero la capital segoviana se opuso y, finalmente, las Cortes Generales impusieron la incorporación de Segovia a Castilla y León. Con todo, la cosa no quedaría ahí y 54 senadores terminarían presentando un recurso de inconstitucionalidad contra esta incorporación. Finalmente, en noviembre de 1984, el Tribunal Constitucional declaró la norma recién aprobada conforme con la Constitución.

La cuestión leonesa también se convirtió en un auténtico hándicap en la conformación de Castilla y León. La Región Leonesa tenía, y tiene, una fuerte identidad histórica y esto provocó que gran parte de su población rechazase unirse a la nueva Comunidad. Tras aprobarse el Estatuto, en junio de 1983, el Grupo de Alianza Popular en el Senado presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre la incorporación de León a la Comunidad, aunque en septiembre de 1984 el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de la incorporación.

Otro aspecto problemático fue la cuestión del Condado de Treviño, ubicado geográficamente en Álava pero que forma parte de la provincia de Burgos desde la división provincial de 1833. Tras conformarse Castilla y León no fueron pocas las voces que pidieron su incorporación al País Vasco, un sentimiento que sigue vigente en la actualidad ya que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue el partido que obtuvo más votos en Treviño en las elecciones generales de noviembre de 2019. Otro problema se encuentra en El Bierzo, territorio con una fuerte identidad propia separada de la leonesa y que en 1991 logró constituirse como la única comarca de la Comunidad.

El texto del Estatuto terminó siendo aprobado después de meses de duras negociaciones entre la Unión de Centro Democrático (UCD) y el PSOE, los dos partidos con mayor apoyo en ese momento a nivel nacional, en junio de 1981. Pero la tramitación parlamentaria de la nueva norma tendría que esperar, ya que, a ese cúmulo de complicaciones por la heterogeneidad identitaria de la nueva Comunidad, se terminaría sumando la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el mes de octubre de 1982.

Finalmente, el 22 de febrero de 1983, ya con el socialista Félipe González en La Moncloa, el Congreso de los Diputados aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León –el último que se aprobaría en España– con 208 votos a favor, 100 abstenciones, cuatro votos negativos y dos nulos. De este modo, quedaría consagrado el nacimiento de Castilla y León como comunidad autónoma heredera de esas dos regiones históricas: Castilla la Vieja y la Región Leonesa.