El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ha urgido este viernes a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), paralizada desde hace meses, durante la apertura del Año Judicial. "El espectáculo ofrecido por quienes tienen la responsabilidad de renovar los órganos no puede ser más patético", ha afirmado, en presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del fiscal superior de la Comunidad, Santiago Mena.

Concepción ha recordado que el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985 "sustrajo a los jueces españoles la legitimidad" para designar a los 12 vocales de procedencia judicial de entre los 20 del CGPJ. Y ha señalado que todos los Gobiernos han mantenido este sistema desde entonces, lanzando un dardo al PP por prometer modificarlo y no hacerlo cuando llega al Ejecutivo. Un texto que atribuye a Congreso y Senado la configuración del CGPJ.

"Resulta palmaria la crisis del sistema", ha apuntado, y ha recordado que desde la Unión Europea se ha instado "a renovar el Consejo y a reformar el modo de elección". "Ello nos coloca en una situación verdaderamente comprometida en el entorno europeo con el riesgo de que se nos incoe un expediente por violación de los principios básicos europeos, que puede bloquear la llegada de fondos europeos", ha asegurado.

Concepción critica los indultos a los independentistas catalanes

El presidente del TSJCyL ha destacado que el Poder Judicial "ha sido en España una referencia para la mayor parte de los españoles en la lucha contra la corrupción, en la garantía de los derechos fundamentales o en la defensa de la unidad de España amenazada estos últimos años".

"No podemos presumir de transitar por una calzada normalidad. El vertiginoso proceso de descomposición que padece España no es ajeno el tercer poder del estado, con ataques a la cúpula judicial y a los jueces que tienen que resolver procesos en los que están implicados poderes económicos y políticos", ha señalado, y ha tenido palabras de cariño para el juez Pablo Llarena que fue declarado persona non grata en la localidad catalana de Sant Cugat del Vallès en el día de ayer. "Llarena no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber", ha señalado. 

Concepción ha criticado sin mencionarles los indultos a los independentistas catalanes responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "Últimamente hemos escuchado interesadas llamadas a la desjudicialización de la política para sustituir la aplicación de la ley por formulas mas contemplativas con ilegales conductas. Eso conlleva el riesgo de acabar produciendo una huida de la ley o del principio de igualdad", ha afirmado. Para el presidente del TSJCyL, "el derecho de gracia casa mal con un estado moderno como el nuestro siempre que no se utilice para conseguir la rehabilitación del penado o corregir algún error judicial".

Para Concepción se está produciendo "una intolerable intromisión de uno de los poderes del Estado en las competencias de otro". "Esa vergonzosa intrusión pone en peligro el andamiaje del Estado cuando se ejerce de forma torticera sin más fin que el de la conveniencia política y sin que exista atisbo alguno de arrepentimiento en los condenados por sentencia firme", ha apuntado, asegurando que "la sociedad española está anestesiada ante esta situación que vivimos".

Concepción prevé un aumento en la litigiosidad por la crisis

El presidente del TSJCyL ha recordado que estos últimos años han sido "difíciles e inciertos". "Primero con la crisis económica derivada de la pandemia y cuando esta parecía relativamente controlada se ha desatado una guerra que todavía hoy sacude a Europa", ha dicho, añadiendo que "sufrimos la mayor subida de precios, de materias primas y fuentes de energía desde los años 70, por una errática política energética que desde los 80 nos ha colocado en una situación cuanto menos complicada".

Y ha pronosticado un aumento en la litigiosidad debido a la crisis. "No olvidemos que los periodos convulsos en lo económico conllevan siempre un incremento en los litigios. Ciudadanos y empresas habrán de acudir a los tribunales para dirimir sus controversias, lo que aumentará la carga de trabajo en los tribunales", ha zanjado.