CSIF ha convocado este próximo 24 de septiembre una gran manifestación en la que hacen un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras de España, tanto del sector público como del ámbito privado, para protestar contra el "empobrecimiento social, por una subida salarial justa, una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos".

Por esa razón, el sindicato mayoritario en las admnistraciones públicas fletará autobuses gratuitos desde todo el país, incluido desde Castilla y León. Para reservar la plaza lo podrás hacer a través de este enlace.

"Ante la falta de interlocución del Gobierno y el empobrecimiento de trabajadoras y trabajadores de este país, pretendemos hacer patente el malestar de la ciudadanía que afronta su día a día con mucho esfuerzo, carencias y sacrificios, en unos momentos de graves dificultades e incertidumbre económica, que lamentablemente podrá agravarse de aquí a final de año", han señalado en un comunicado remitido a este periódico.

El sindicato señala que la situación es "muy incierta" por la imparable escalada de los precios, el coste "desmesurado" de la enegería y la cesta de la compra, que invitan a un riesgo "cada vez más evidente" de entrar en recesión. "Las/los españoles, especialmente las clases medias en situación más vulnerable afrontan su día a día, con mucho esfuerzo, carencias y sacrificios", denuncian.

Al mismo tiempo, CSIF asegura que "asistimos a un deterioro progresivo de nuestros servicios públicos en ámbitos fundamentales, como la sanidad, la educación y en general el conjunto de las administraciones públicas". "Y las/los empleados públicos no cuentan con el debido reconocimiento ni en sus condiciones laborales, ni a nivel salarial", insisten.

"Los bolsillos de trabajadoras y trabajadores ya han pagado y soportado con creces los efectos de las últimas crisis económicas. No es justo que los sacrificios recaigan siempre sobre la clase trabajadora", aclaran.

En este sentido, CSIF exige al Gobierno que "dé ejemplo" a la empresa privada y negocie una subida en las administraciones públicas, como acaba de proponer el Ejecutivo en Francia. Los empleados públicos, además, llevan contribuyendo al pacto de rentas desde 2010 cuando por primera vez se les bajó el sueldo y arrastran "una pérdida de poder adquisitivo" cercana al 20 por ciento.